Recientemente, se dio a conocer que Juan Ignacio Unsain, uno de los miembros del equipo fundados de la aerolínea Plus Ultra, fue condenado en 2019 por delitos de “fraude continuado contra la administración pública” durante la primera década del siglo.
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El medio de comunicación VozPópuli habría observado documentos que confirmarían esto relacionado con la empresa, recientemente, recuperada por el gobierno español por 53.000.000 de euros. La aerolínea habría sido creada por al menos dos empresarios, ambos condenados por la justicia de España.
Vale señalar que Unsain fue condenado, en el año 2019, a dos años y un día de cárcel por la Audiencia Provincia de Zaragoza por el mayor caso de corrupción urbanística de Aragón, el cual fue nombrado como “caso La Muela”. Este caso, investigado desde 2009, fue encabezado por la alcaldesa de esta localidad, María Victoria Pinilla.
El empresario, por su parte, era el administrador del grupo Construcciones SAGAIN, constructora que se benefició de una sucesión de irregularidades urbanísticas y adjudicaciones fraudulentas entre 1987 y 2011.
Pinilla fue condenada a 16 años de cárcel por delitos como continuado de cohecho, continuado de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, prevaricación, frause a la Administración, delito continuado a la Administración, tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y continuado de malversación de caudales públicos.
Implicación de Unsain
En ese sentido, según indicaron los magistrados de la Audiencia, «fue el favorecido por la trama defraudadora». Así mismo, actuó como «representante» de Plus Ultra desde su fundación en octubre de 2011 hasta julio de 2013. Entonces, abandonó el consejo de administración de la compañía. Aparentemente, su labor en la fundación de la compañía fue de «empresario/inversor».
Por el «caso La Muela», Unsain también fue condenado a dos años y un día de «inhabilitación para el cargo de administrador, apoderado o representante de cualquier mercantil, sociedad, fundación o de cualquier persona jurídica o física». Además, según indicó VozPópuli, se le «inhabilitó» para ejercer cualquier empleo o cargo público por el tiempo de siete años, seis meses y un día.
Redacción Maduradas con información de VozPópuli
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