El régimen ha llevado a cabo una serie de afirmaciones, donde ha desmontado supuestos “planes de la oposición” para derrotarlo, a través de imaginarios golpes de estado.
Ante todo el panorama político, diferentes instituciones del Estado, como el Sebin, la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana, son los encargados de detener a opositores ‘al margen de la ley’, generando un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional, por la violación de los DDHH.
Foto: El cooperante
En este sentido, la fiscalía se ha mantenido al margen en lo que respecta a la serie de casos que a todas luces se vislumbran como hechos políticos.
Un caso importante fue el de Yonny Bolívar, asesino de la intérprete de señas Adriana Urquiola, quien se encuentra detenido en Lara, detenido en el centro de reclusión Fénix y sobre quien hubo un seguimiento por parte del MP que fue cuarteado a su vez por funcionarios de esta cárcel.
Al respecto, Ortega Díaz dio a conocer que un fiscal acudió a dicho centro, tras una serie de inconvenientes que se suscitaron, para constatar que efectivamente Bolívar estuviese en su celda. Al intentar hacerlo para realizar una inspección de manera sorpresiva no le fue permitido el acceso, aun cuando la Constitución de la República establece como obligación del MP verificar las condiciones de reclusión de los privados de libertad.
Esta objeción al cumplimiento de las funciones de la justicia no pasó desapercibida ante Ortega Díaz, quien dijo que esto era una obligación que debía cumplirse como estaba estipulado en la Carta Magna.
A su vez, el diputado oficialista Germán Ferrer, ha sido uno de los voceros del Gobierno que ha buscado tomar la línea del diálogo entre ambas facciones.
“No todos los de un lado son buenos, ni todos los del otro son malos (Gobierno y oposición). Hay personas que en ambos extremos estamos conscientes de la necesidad de avanzar en la solución de los problemas del país (…) Es necesario que el Gobierno y la oposición logren un diálogo de paz”.
Sin embargo, a pesar de lo que dicta la constitución sobre las sanciones con penas privativas de libertad, agravadas en el caso de funcionarios públicos, las recientes actuaciones del Gobierno rompen la tela y dejan al descubierto qué papel deben desempañar los organismos de Estado. Lo que es una historia que se repite, como en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la persecución política.
Con información de El Cooperante
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