Una autopsia confirmó el supuesto «suicidio» de un detenido por corrupción en Venezuela, anunció el viernes el fiscal general, Tarek William Saab, ante cuestionamientos de la familia y organizaciones de derechos humanos a la versión oficial.
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«La autopsia dio como resultado» que Leoner Azuaje Urrea, de 39 años y uno de los 61 detenidos en operativos anticorrupción en el país durante las últimas semanas, «muere por asfixia mecánica», publicó Saab en Twitter.
«Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público» determinaron que Azuaje Urrea usó «sábanas para ahorcarse» en su sitio de reclusión en la sede del servicio de inteligencia en Caracas, agregó el fiscal.
Azuaje fue presentado ante un tribunal la madrugada del miércoles por acusaciones de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela, en operativos por ilícitos iniciados el mes pasado.
«También se hallaron varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión por él tomada de atentar contra su vida», añadió Saab, quien aseguró que una entrevista con un psicólogo tratante del exfuncionario corroboró que «trastornos y signos de ataque de ansiedad».
La esposa de Azuaje, Claudia Pimentel, pidió protección para su familia a las autoridades locales y a los gobiernos de Perú y España.
«Exijo la protección de la Fiscalía y exijo la protección del gobierno peruano, porque yo soy peruana sin doble nacionalidad, mis hijas también lo son, y exijo además la protección de la embajada española para mi cuñada y mi suegra», de doble nacionalidad venezolano-española, dice la mujer en un video difundido por redes sociales.
Una de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela, Provea, pidió el jueves una «investigación independiente».
Al menos 12 presos por corrupción y por delitos políticos como conspiración han muerto en la cárcel en la última década, algunos de ellos entre denuncias de tortura.
Provea expresó que «el presunto ‘suicidio’ de Leoner Azuaje Urrea demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado».
AFP
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