La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, actualizó este jueves 11 de marzo su informe sobre la crisis que atraviesa Venezuela, el cual fue rechazado de inmediato por la representación del régimen de Nicolás Maduro en el mencionado organismo multilateral.
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«Me preocupa que la Alta Comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido debidamente comprobados por las autoridades venezolanas a pesar de la presencia de la oficina en el terreno», expresó uno de los representantes chavistas, de acuerdo a lo reseñado en el portal informativo La Patilla.
«Ante las preocupaciones expresadas por la alta comisionada en su actualización oral, la República Bolivariana de Venezuela ofrecerá respuestas en su debido momento, sin embargo, lamentamos que la presentación oral parezca tener información no verificada que alimenta la campaña mediática que existe contra mi país», agregó.
ACTUALIZACIÓN DE SUS DENUNCIAS
Bachelet solicitó nuevamente este jueves investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en el país, por parte de los organismos de seguridad controlados por Maduro.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», exhortó Bachelet.
También manifestó su temor por las organizaciones no gubernamentales y sus activistas ante el incremento de la persecución y represión por parte del chavismo.
«Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos», sostuvo la expresidenta chilena, quien igualmente abogó por la libertad de expresión y los dirigentes políticos opositores.
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares», continuó.
Redacción Maduradas con información de La Patilla y Provea
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