Ante el escándalo ocasionado por la denuncia de la ONG SOS Orinoco por la fiesta hecha en la cima del tepuy Kusari del Parque Nacional Canaima, el pasado 4 de febrero, internautas y ecologistas se quejaron y exigieron al régimen madurista respuestas por este tipo de acciones que, a su juicio, atentan contra los parques nacionales del país.
EFE
Hildebrando Arangú, exdirector de Inparques de la Región de Amazonas y especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, señaló que, para él, la realidad que experimenta el país echa por tierra todo lo alcanzado en el año 1967, cuando Venezuela fue considerado el segundo país del mundo en crear un Ministerio del Ambiente, convirtiéndose en referente para otras naciones en materia ambiental.
«Los parques nacionales ocupan 18% del territorio del país, se decretaron parques para proteger nacientes de agua, cuerpos de agua y bellezas escénicas y además generan una serie de servicios ambientales. En el caso Venezuela, el 33% del agua que llega a las principales capitales depende de los parques nacionales. El 40% del agua que se utiliza para la actividad agrícola depende de los parques nacionales. Nosotros acabamos con los parques y nos quedamos sin agua«, informó, según reseñó La Patilla.
Del mismo modo, lamentó que, ante el «crimen» cometido en Kusari, Inparques no haya actuado de forma inmediata y que el régimen venezolano no haya revocado la concesión de Campamento Canaima al empresario Rafael Oliveros.
Así mismo, consideró que las personalidades que concurrieron a la celebración no tienen una responsabilidad directa del ecocidio cometido por ser invitados, sino que, a su juicio, son la muestra de la pérdida de valores de una sociedad que es insensible al reservorio natural de la nación.
Por su parte, para María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, desde 2020, el madurismo ha puesto en marcha una «estrategia», basada en otorgar concesiones a empresarios para que incentiven el turismo. Aun así, consideró que las prácticas de estas concesiones evidencian su «único propósito de explotación económica».
En el mismo orden de ideas, Guillermo Palacios, diputado del Parlamento de 2015, señaló que, en el estado Lara, en el Parque Nacional Cerro Saroche, se aplica la tala indiscriminada, la deforestación para obtener carbón que el Gobierno exporta ilegalmente.
«Este es un negocio que se ha venido implementando como una salida del Gobierno para lograr obtener divisas. Esas gandolas cargadas de madera y de los árboles producto de la deforestación son enviadas a la empresa Carbozulia, aliada con una empresa de Turquía para exportar el carbón. Pero el problema es que acaban con el ambiente, es un crimen ecológico», agregó.
Redacción Maduradas con información de La Patilla
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