Representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela rechazaron la creación de una ley que fiscalice la actuación y financiamiento de las ONG, teniendo en cuenta que la normativa busca, según explican, restringir de facto el derecho de asociación partiendo de la premisa de que cometen algún tipo de ilícito.
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Marino Alvarado, coordinador legal de la ONG Provea, explicó a EFE que la polémica ley que aún debe pasar por una segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN) para ser aprobada, presume que las asociaciones sin fines de lucro realizan actividades ilícitas o reciben financiamiento para asuntos contrarios a la ley.
«Se parte del criterio (…) de que nosotros somos culpables, entonces nos corresponde, a través de una serie de procesos, demostrar que eso no es así. Se parte del criterio de que recibimos fondos para actividades desestabilizadoras (…) es decir, todo el principio de presunción de inocencia lo revierten, aquí hay un principio de culpabilidad», explicó.
El diputado chavista, Diosdado Cabello, sostuvo al presentar la ley ante el Parlamento que las ONG venezolanas «tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización».
Asimismo, aseguró que tras una revisión encontraron 62 ONG que operan con «fines absolutamente políticos» en Venezuela y que «reciben financiamiento de organismos de otras naciones».
Aunado a ello, la ley incluye una multa de 12.000 dólares para las organizaciones que no estén registradas en la instancia de control que planean crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones que reciban.
«Uno de los límites que establece la ley es que si trabajas en Caracas y te registras en Caracas, no puedes trabajar en Bolívar. ¿Qué pasa con esas organizaciones que trabajan con ayuda humanitaria? ¿Tienen que hacer un registro en cada estado donde trabajan? Imagina la burocracia que eso implicaría», agregó Mario D’andrea, director de la asociación Civilis.
Por otro lado, sostuvo que la ley parte de una «premisa falsa» al decir que las ONG no están controladas. D’andrea explicó que el marco legal venezolano ya contempla una serie de requisitos que las organizaciones deben cumplir para registrarse y adquirir personalidad jurídica, donde se conocen sus miembros y objetivos.
«Si uno mira la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la circular de la Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario), más otro número de normativas muy amplias, ves que la sociedad civil (…) ya presta una información al Estado», indicó.
Otro de los aspectos que genera preocupación dentro del sector es la inclusión del término «afines» en el título de la ley, pues consideran que no solo perjudicará a las ONG, sino también a otros tipos de organizaciones y asociaciones como sindicatos, gremios de profesionales o fundaciones de empresas privadas.
«Aunque se habla de ONG, este es un proyecto de ley que, dentro de poco, se lo van a aplicar también a las organizaciones sindicales y se la van a ir aplicando a otras formas organizativas que existen en el país, porque en el fondo lo que busca es que no haya acción independiente de la ciudadanía y todo esté controlado por el Estado», recalcó Alvarado.
Redacción Maduradas con información de EFE