El pasado domingo fueron juramentados los 12 nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano por la Asamblea Nacional venezolana, entre ellos Maikel José Moreno Pérez, quien tiene un largo expediente policial y está involucrado en sonados casos del acontecer político de los cambios en el poder judicial.
El nuevo magistrado tiene una oscura historia que comienza en 1987 cuando fue acusado por el homicidio de un joven ocurrido en Ciudad Bolívar, población ubicada al sur del país y a 578,6 km de Caracas. En esa época se desempeñaba en la policía política Disip actualmente el Sebin. Logró salir en libertad dos años después.
En 1989, regresa a la policía política Disip y se desempeña como oficial de segunda, cumpliendo funciones como escolta del ex presidente Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato.
Ese mismo año, Moreno vuelve a ser noticia por encontrarse en un expediente por homicidio (número 552755, que fuera posteriormente remitido por la entonces Policía Técnica Judicial al tribunal 15 Penal), la razón fue por estar implicado en la muerte de Rubén Gil Márquez, asesinado durante un tiroteo ocurrido en Parque Central, conjunto residencial en el centro de Caracas. Ese mismo año fue destituido de la policía política por estar involucrado en la muerte de Gil Márquez.
En 1990, logró obtener un beneficio procesal -el segundo en su historia policial-, sale en libertad, pero no retorna a la Disip. Sino que obtiene un cargo como secretario de un juzgado en la ciudad de Caracas.
Luego en 1995 obtiene el título de abogado y continúa trabajando en el mismo lugar. Y llegó a ser el juez 34 de control y presidente de la sala séptima de apelaciones cuando se investigaba el asesinato del asesinato de Danilo Anderson, muy ligado a la revolución chavista; quien fue fiscal del Ministerio Público venezolano que estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes en contra el estado venezolano y los asesinatos cometidos durante el fallido Golpe de Estado de abril de 2002.
Anderson murió asesinado a la edad de 38 años.
Moreno se encuentra en las actas de entrevista de los amigos de Danilo Anderson que contaron sobre la repartición del dinero extraído de la caja fuerte del fiscal asesinado, la misma noche de su muerte.
“La Banda de los Enanos”
El exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray y actualmente prófugo de la justicia venezolana, en junio de 2007, lo señaló en esa época a él y a la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Belkis Cedeño, de pertenecer la denominada “Banda de los enanos”, organización que describió como un grupo que opera dentro del sistema judicial venezolano y tiene ramificaciones en varias bandas criminales.
“La Banda de los Enanos” está involucrada en el caso de Anderson, “es un grupo de jueces dirigidos desde el Gobierno chavista”. Describió Alvaray, en ese momento, que la organización opera a través de los sobornos y la extorsión: “si me dan tantos millones de dólares tomo decisiones a tu favor, si es en contra; te extorsionan (…), siguen funcionando en todo el país”.
Ligada a esta tribu judicial, reseñada en los medios venezolanos, se encuentra la actual Fiscal General del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz quien manejó uno de los expedientes, que se le atribuía a la banda sobre el caso Anderson, en ese momento era fiscal sexta nacional. En 2007 fue destituido por la Comisión de Reestructuración Judicial. Después de su destitución fue enviado por el entonces canciller y hoy presidente chavista, Nicolás Maduro, a la embajada de Venezuela en Roma. En 2010 se postuló al Tribunal Supremo de Justicia sin suerte.
Decisiones mortales Moreno ha sido responsable de:
1.- Dictar la privativa de libertad contra Iván Simonovis y autorizó la la detención de Simonovis por un tiroteo en Caracas el 11 de abril de 2002. La defensa de Simonovis lo acusó ante el Supremo por forjar actas y documentos procesales.
2.- Asumió la defensa del concejal Richard Peñalver, uno de los cuatro acusados de haber disparado desde el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002.
3.- Llevó el caso de la exsenadora opositora Haydeé Castillo y su cónyuge, ambos de avanzada edad. Fueron procesados luego del asesinato de su hijo Antonio López Castillo en un extraño enfrentamiento policial, en Caracas, relacionado a la investigación del crimen de Danilo Anderson. Castillo y sus padres eran señalados de poseer dosis del explosivo C4. Acusación que nunca fue demostrada. Sin embargo, los padres enlutados debían presentarse ante Moreno de forma regular.