Según datos de un trabajo periodístico publicado por el periodista Gerardo Reyes de Univisión, una sustanciosa cantidad de millones de dólares pagados por el gobierno de Venezuela a una «oscura empresa iraní» para construir un complejo de viviendas populares que quedó inconcluso habrían sido destinados para la compra de lujosas propiedades en California, EEUU, en violación del embargo comercial a Irán.
Composición: Univisión
Esto consta en una acusación criminal que cursa ante una corte federal de Nueva York en contra de Ali Sadr Hasheminejad.
El conglomerado iraní Estratus Group, dedicado a la construcción, la banca y la industria petrolera, es una de las empresas señaladas en este caso y resultó favorecida por el gobierno de Venezuela con un contrato por 475 millones 734 mil dólares que estuvo supervisado por Sadr.
El portal Armando.info señaló que el proyecto de viviendas que debía construir la empresa iraní era la urbanización Ciudad Socialista Fabricio Ojeda, en el estado Zulia. El complejo, con un poco más de siete mil apartamentos, habría sido inaugurado varias veces aunque nunca se completó.
De acuerdo con la investigación, 2 millones de dólares de los que el gobierno venezolano le pagó a la compañía fueron transferidos a Estados Unidos para la compra de lotes en California, cinco en Fresno y otro en un exclusivo barrio de mansiones de Malibu.
Las propiedades en California fueron incautadas por el gobierno de Estados Unidos por violación a las normas que prohíben a personas o entidades de este país hacer negocios con Irán, según la acusación.
Sadr, de 38 años, también afronta cargos de fraude bancario y lavado de dinero. Este sujeto había surgido también como vinculado con el escándalo de la muerte en Malta de la periodista Daphne Caruana Galizia, que investigaba al Pilatus Bank, del cual el empresario iraní es el mayor accionista.
Redacción Maduradas con información de Univisión
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