La oposición venezolana acelerará la definición de una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, aunque reconoce el riesgo de que sea bloqueada por la justicia de este país empantanado en una crisis institucional, así lo reseña AFP.
“En los próximos días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno”, advirtió el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, al arremeter contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque el jueves desconoció el rechazo del parlamento al decreto de emergencia económica de Maduro.
La oposición prometió presentar en un plazo de seis meses, a partir del 5 de enero cuando asumió el control del Legislativo, una “vía constitucional” para acortar el mandato de Maduro, elegido para el periodo 2013-2019.
Pero Ramos Allup dijo que ahora esa propuesta es “apremiante”, porque la crisis se está “acelerando”. “Los tiempos los pone la necesidad del país”, subrayó.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa para ello la posibilidad de una enmienda constitucional o un referendo revocatorio, pero deberá buscar los mecanismos legales para evitar que sean bloqueados por el TSJ, al que acusa de estar alineado con el gobierno.
El jefe parlamentario dijo estar seguro de que a cualquier propuesta del Congreso, el TSJ “va a decir que es inconstitucional”, pero señaló que no podrá “sostener” a un “gobierno agónico”. “Ellos creen que están ganando el juego, pero se equivocan”, desafió.
“Tenemos que tomar decisiones, este gobierno no quiere cambiar en nada, cada día la situación del país es peor (…). Ha llegado el momento”, declaró el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.
Previendo que el TSJ declare inconstitucional una enmienda, Capriles se inclina por un referendo -que puede ser convocado a mitad del periodo presidencial-, pero ésta vía deberá ser supervisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que también acusa de estar alineado con el oficialismo.
“No estamos resolviendo una cuestión sencilla ni simple. Tenemos que ponernos de acuerdo en el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, más simple… Y vamos a dar con el método, no tengan duda”, manifestó Ramos Allup.
La decisión sobre el decreto se suma a una serie de decisiones del TSJ favorables al chavismo en los últimos años, la más reciente la impugnación oficial contra tres diputados opositores.
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“Santa palabra”
En un fallo anunciado la noche del jueves, el TSJ declaró vigente la emergencia económica decretada por Maduro el 14 de enero y negada ocho días después por la aplastante mayoría opositora en la Asamblea Nacional.
Maduro exaltó la decisión del TSJ y anunció que en los próximos días activará una serie de medidas contra la crisis, agravada por la caída en picada de los precios del crudo, fuente del 96% de divisas en este país altamente dependiente de las importaciones.
El gobierno justifica el decreto -por 60 días prorrogables- en la existencia de una “guerra económica” que provoca inflación y escasez para generar malestar y derrocarlo.
La emergencia le permite disponer de recursos extraordinarios y de algunos bienes de empresas privadas para garantizar el abastecimiento de productos básicos. “Ha hablado el TSJ, santa palabra, debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional”, dijo Maduro.
Pero la oposición asegura que es parte de lo que llama un “modelo fracasado” y atribuye la crisis a los excesivos controles, la ineficiencia y la corrupción que a su juicio llevaron al chavismo a dilapidar cientos de miles de millones de dólares durante la bonanza petrolera.
“Que sepa Venezuela que el TJS es tan responsable del desabastecimiento, de las colas, de la inseguridad, del auge impune del delito. Ahora no es uno el responsable, ahora son dos”, dijo Ramos Allup.
Un Estado dentro del Estado
El diputado José Guerra, uno de los mayores críticos de la medida, rechazó la decisión del TSJ señalando que su Sala Constitucional “cree ser un Estado dentro del Estado” y “piensa que está por sobre la voluntad del pueblo”.
La decisión de la corte profundiza así un enfrentamiento político que derivó en crisis institucional. Maduro asegura que el TSJ es el único árbitro para dirimir las disputas legales con la oposición.
El director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, se preguntó ¿cómo un conflicto de poderes que tiende a agravarse puede resolverse con un TSJ “parcializado”?.
“El problema que tiene Venezuela es la ausencia de un árbitro que dirima el conflicto de poderes, lo cual complica aún más la situación”, advirtió Oliveros.
Varios magistrados del TSJ fueron nombrados a última hora por la anterior mayoría chavista en el Legislativo.
El enfrentamiento político complica una crisis manifiesta en escasez de dos tercios de los productos básicos, inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, contracción económica de 4,5% al tercer trimestre del año pasado y un déficit público que consultoras privadas estiman en 20%.
Al mismo tiempo ahonda la incertidumbre sobre cómo será superada la crisis, pues al quedar maniatada la mayoría parlamentaria, no se avizoran nuevas fórmulas.
Con información de AFP.