El gobierno y la oposición de Venezuela ya pueden exhibir los primeros acuerdos concretos del proceso de diálogo iniciado el jueves pasado y que este martes tuvo su segunda sesión. Luego de más de cinco horas de reunión las partes acordaron ampliar la Comisión de la Verdad que investigará la violencia ocurrida desde hace dos meses en el país; pactaron que las zonas gobernadas por la oposición se sumen al plan Patria Segura, la estrategia diseñada por el gobierno central para combatir la criminalidad, y la reconsideración de la situación de los presos políticos, especialmente de su caso emblema: el del comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión por la muerte de dos manifestantes en los disturbios previos al golpe de Estado de abril de 2002, que desalojó durante 48 horas del poder a Hugo Chávez.
La primera impresión es que la oposición ha logrado que el Gobierno logre salir de los debates etéreos para producir rápidamente resultados concretos. La Comisión de la Verdad, una propuesta del presidente Nicolás Maduro, estaba conformada por nueve diputados (cinco chavistas y cuatro de la oposición). La alternativa democrática, el bloque opositor que hace vida en el Parlamento, se había negado a formar parte de esa instancia por la dura represión de los militares y la participación de cuerpos de choque chavistas. La decisión de sumar personalidades de reconocida trayectoria, como las definió el vocero de la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, arroja sobre la instancia un halo de confianza que difícilmente tendría si solo se componía con una mayoría de diputados chavistas.
El Gobierno también se apunta un éxito al lograr que la oposición se sume a los planes para combatir la criminalidad. Hasta ahora el plan Patria Segura no se había implementado en todo el país. Los disturbios que han estallado desde hace dos meses han dejado las ideas allí expresadas en declaraciones formales. La Mesa de la Unidad se ha comprometido a hacer sugerencias con sus expertos para colaborar en la promoción de una cultura de paz en un país con una alta tasa de homicidios.
Las partes han acordado poner manos a la obra para elegir, mediante el procedimiento establecido en la Constitución, a los cargos vencidos y vacantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Si el acuerdo se honra el chavismo deberá pactar con su contraparte los nombres de los aspirantes a formar parte del Poder Electoral, pues necesita de dos tercios de la cámara. Actualmente el oficialismo cuenta con algo más de las tres quintas partes.
Todos estos logros, sin embargo, no son suficientes para el ala de la Mesa de la Unidad que convocó la protesta, liderada por la defenestrada diputada María Corina Machado y el dirigente del partido Voluntad Popular Leopoldo López. Ellos exigen el inicio de una transición que culmine con la sustitución del actual gobierno. Una propuesta que no parece viable siquiera asomar en la mesa.
El País de España