La tensión se centra en el estado Carabobo mientras siete jóvenes, con edades que oscilan entre los 15 y 17 años de edad, se preparan para enfrentar un juicio tras su detención durante las protestas postelectorales que se registraron en Venezuela tras el 28 de julio.
AP Foto/Fernando Llano
La jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, adoptó la decisión después de una audiencia preliminar llevada a cabo de manera virtual. Los cargos que pesan sobre estos adolescentes son terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
A pesar de las pruebas presentadas por sus familiares ante la defensoría pública, incluyendo constancias de estudio y deportivas, así como cédulas de testigos, los jóvenes han permanecido más de 60 días tras las rejas en calabozos policiales de la región.
Aseguran que la jueza ofreció una opción: declararse culpables y enfrentar una pena de 6 años y 8 meses sin beneficios procesales. Sin embargo, ninguno aceptó, arriesgándose a cumplir los 10 años solicitados por la fiscalía.
La defensora pública asignada a los adolescentes es Kelly Pérez, pero sus familiares denuncian condiciones inhumanas en los calabozos. En un video grabado durante su detención, los adolescentes admiten supuestamente haber recibido 30 dólares por participar en las protestas. Sus padres relatan días de golpizas, algunos perdiendo piezas dentales y otros con quemaduras en el cuerpo debido a descargas eléctricas.
Redacción Maduradas
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