Instigar a la desobediencia de las leyes, al odio entre los venezolanos y hacer apología de delitos que han puesto en peligro la tranquilidad pública. Este es el delito que el Ministerio Público achaca a la removida diputada María Corina Machado, por su presunta participación por los hechos ocurridos el 12 de febrero en Caracas. Así figura en la orden de prohibición de salida del país que el pasado 18 de junio dictó contra la dirigente opositora el Tribunal 16 de Control de Caracas, atendiendo la petición que el hiciera el despacho de Luisa Ortega Díaz. La medida forma parte del proceso iniciado contra el dirigente opositor Leopoldo López.
«Machado, conjuntamente con el ciudadano Leopoldo López, convocaron para el día 23 de enero una rueda de prensa, transmitido a través de los distintos medios de comunicación social, donde iniciaron una campaña pública y agresiva contra el Presidente de la República y las instituciones del Estado«, se lee en la explicación de la petición.
Por su parte, la jueza Adriana López, justificó la restricción de la libertad de la otrora diputada, la cual supone una imputación indirecta, por «la gravedad del delito, el daño social causado y el peligro de fuga, la verdad de los hechos y la realización de la justicia».
No obstante, el delito que se le endosa a Machado se castiga con hasta seis años de cárcel, es decir por debajo del límite fijado en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para que alguien termine en la cárcel, reseñó el portal del diario El Universal.