El Gobierno de Perú manifestó este lunes, 2 de septiembre, su rechazo enérgico a la orden de aprehensión emitida en contra de Edmundo González Urrutia, por presuntos delitos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
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En un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo peruano añadió que “este amedrentamiento evidencia, una vez más, el desconocimiento de la voluntad popular y el recrudecimiento de la represión gubernamental”.
Asimismo, el Gobierno de Perú reiteró, una vez más, que “continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad”.
La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones, y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.
Según un oficio con fecha de hoy del ente fiscal, al antichavista se le acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.
La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamase como ganador de los comicios a Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.
Redacción Maduradas con información de EFE
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