Integrantes de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República (DPR) y del Frente Institucional Militar (FIM), en comunicación enviada al presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, exhortaron recientemente abrir un juicio contra los “criminales de delitos de lesa humanidad en Venezuela”.
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Ellos insisten, de acuerdo a una nota publicada en Infobae y firmada por la periodista Sebastiana Barráez, en una respuesta al caso Situación Venezuela 1.
Explicaron que «han transcurrido cuatro años, desde el inicio del proceso, y más de un año que el nuevo Fiscal Karim Khan, asumió el cargo, teniendo estructurado el Expediente, con bases razonables que determinan que funcionarios de alto nivel en Venezuela, han cometido crímenes de lesa humanidad y aún estamos en espera de la anunciada celeridad procesal».
En este sentido, apelaron a la celeridad del caso «para que conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma (ER) de la CPI, se abra definitivamente el juicio a los altos criminales responsables de estos crímenes. Igualmente, de ser procedente, se solicite su detención o comparecencia ente esa instancia internacional, para que se inicie el respectivo enjuiciamiento de los imputados».
“Las víctimas esperamos que Karim Khan, ahora no esté prestado a la diplomacia en Venezuela. Su función es de acusador, por lo que deberá ejercer la acción penal ante esa Corte solicitando la apertura del juicio. (Art.15 y 42 del Estatuto de Roma). Las mazmorras del Régimen siguen abarrotadas de presos políticos; se calculan, actualmente, más de 110 presos políticos militares. Las ejecuciones extrajudiciales y el ataque a los Medios de Comunicación continúan”, enfatizaron.
Khan, aseguró el pasado viernes 8 de abril, que se seguirá investigando «imparcial e independientemente» en Venezuela los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
Durante una entrevista ofrecida al diario español El País, enfatizó que con una oficina en Caracas se busca «entender la cultura, el contexto y las historias» en Venezuela, y «separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción».
“Cumpliremos con nuestro mandato de forma independiente e imparcial”, insistió en medio de rumores que apuntan que dicha oficina sería instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente controlado en la actualidad por el chavismo.
La CPI dio un plazo de tres meses, hasta el 16 de abril de 2022, para que el régimen de Nicolás Maduro presentara los resultados de las investigaciones nacionales por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Como se sabe, el pasado 16 de enero el chavismo debía rendir cuentas ante la CPI acerca de sus avances en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas desde 2017. Sin embargo, el 18 de enero, se conoció que el fiscal de la CPI otorgó el mencionado plazo hasta abril.
La CPI, con sede en Países Bajos, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas antigubernamentales de 2017, que se saldó con la vida de al menos 120 venezolanos. Por tanto, en diciembre de 2021 se conoció que el ente resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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