El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que investiga posibles violaciones de derechos humanos, afirmaron este lunes 29 organizaciones nacionales e internacionales.
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A través de un comunicado, las ONG expresaron que la misión «puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a que este grupo no opera sobre el terreno, sino que lo hace desde fuera del país.
En los días posteriores a las elecciones, se desataron protestas nacionales contra el resultado oficial, que dio la supuesta victoria a Nicolás Maduro y que la oposición califica de «fraudulento», una afirmación que sustenta con el 83,5% de las actas electorales» que asegura haber recabado través de testigos y miembros de mesa, y que luego publicó en una página web.
Según el régimen, que insiste en una supuesta victoria de Maduro, las actas presentadas por los opositores son «falsas».
Las organizaciones denunciaron «una brutal represión» contra «quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta» tras las elecciones, cuando la Fiscalía registró 25 muertes y más de 2.400 detenidos en protestas, lo que -afirmaron las ONG- hace que la renovación del mandato de la misión «sea más urgente que nunca».
Asimismo, recordaron que el grupo de observación fue creado por el Consejo de Derechos Humano en 2019 con el objetivo de investigar «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014», incluyendo violencia sexual.
En este sentido, afirmaron que la misión «fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
«En sus rigurosos informes, identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos», expresaron.
Por su parte, el régimen ha calificado a la misión de «falsa y vergonzosa» al afirmar que «emite juicios parcializados».
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