Mariela Vernet regresaba del exterior, el pasado 18 de septiembre, a buscar las cenizas de su hermana en el apartamento que residió durante más de 40 años, en un edificio ubicado en la avenida Nueva Granada, en el centro de Caracas.
Con maletas en mano, se percató de que cuatro personas, entre ellos funcionarios policiales, intentaban ingresar a otras viviendas para desalojarlas y posteriormente “adjudicarlas”.
Luis Bracho, quien se identificó como fiscal y funcionario de la Alcaldía de Libertador, estaba acompañado de una mujer que decía ser su asistente y dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que explicaron a Mariela que se trataba de un proceso autorizado por un decreto gubernamental en base al censo que previamente habían realizado en la propiedad, avalado por el Estado.
El edificio Cuatricentenario así como otros en la zona han estado bajo amenaza de invasión en los últimos años, de acuerdo a denuncias de vecinos. La mayoría de los apartamentos se encuentran siendo habitados por familiares de los propietarios que migraron del país. En el caso de Mariela, una vez que su hermana Sandra falleció, sus sobrinas se mudaron para cuidar la vivienda.
“Nosotros tocamos la puerta, señora, y nadie abrió. Nosotros hacemos esto para ayudarle, tiene que agradecer que lo hacemos así, si no puede ser peor, pueden venir los colectivos y tumbar las puertas con ustedes aquí adentro inclusive y apoderarse del apartamento”, le dijo Bracho a Mariela, quien finalmente firmó un documento que en medio del terror infundido ni alcanzó a revisar.
El apartamento de su hermana ubicado en el piso 3 sería adjudicado automáticamente a un joven que reside en la vivienda, quien se encuentra sin casa propia y fue amenazado con ser trasladado a un refugio. “O se lo entrega a él o los colectivos lo tomarán”, fue lo último que Bracho apuntó.
Redacción Maduradas con información de La Patilla.
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