En la última semana de la campaña electoral con motivo de los comicios para elegir diputados a la Asamblea Nacional, previstos para el próximo domingo 6 de diciembre; Nicolás Maduro, en su investidura de presidente de la nación así como del Psuv, viola el Artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción, la Ley de Procesos Electorales y la Constitución, que prohíben el uso de recursos públicos en beneficio de parcialidades políticas.
Según la nota del portal El Cooperante, solamente este miércoles recorrió los estados Aragua, Lara y Yaracuy, para alzar la mano de los candidatos identificados con el chavismo como Haiman El Troudi, Elías Jaua y Antonio “El Potro” Álvarez, en una abierta y aventajada campa.
Foto: Prensa Presidencial
Además inaugura junto a estos obras públicas, muchas de las cuales ni siquiera han sido concluidas, para lo que usa a los medios del Estado, en una especie de minicadenas todos los días. Globovisión se enlaza a las alocuciones presidenciales y partidistas.
Es preciso destacar que en días recientes, el diputado Cabello justificó el uso proselitista de los recursos del Estado a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela por parte del presidente y los candidatos a diputados, por parte de los candidatos del Psuv, durante un acto realizado en el estado Monagas entregó recursos para la construcción de mil nuevas viviendas en diferentes municipios como parte de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece multa equivalente de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a setecientas Unidades Tributarias (700 U.T.) o arresto proporcional, a razón de un día de arresto por Unidad Tributaria para quien “permita la propaganda electoral que sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas”.
Otra normativa, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece multa de cinco mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.) a siete mil Unidades Tributarias (7.000 U.T.) a quienes permitan la propaganda electoral que sea financiada con fondos públicos distintos a los previstos en la Ley.