El Gobierno de Nicolás Maduro, pasando por encima de la Constitución, se ha convertido en «calificador» de las decisiones del Poder Legislativo, única instancia del país que no está arrodillada ante el régimen chavista.
Orestes Rodríguez, abogado cubano que reside en Miami, consideró que Venezuela “hoy sufre otra calamidad gubernamental, que se inició cuando el chavismo llega al poder”, reseñó Sumarium.
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“Al igual que Chávez, Maduro se halla bajo el asesoramiento de los hermanos Castro y pretende un continuismo que ha encontrado un valladar, cuando el pasado 6 de diciembre una abrumadora mayoría del pueblo eligió un nuevo órgano de poder: la Asamblea Nacional”, manifestó en su artículo de opinión.
Asimismo, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro tras no promulgar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional “se ha convertido en máximo calificador de las leyes que emita la Asamblea, y lo hace porque disfruta de la total sumisión del Poder Judicial, a quien le ordena y manda”.
A continuación el artículo completo:
La historia de las dictaduras en Venezuela la inicia Juan Vicente Gómez, que no fue una leyenda, sino su tiempo en el poder que sometió a los venezolanos al despojo de sus elementales derechos ciudadanos, pues para JVG, Venezuela era su hato. Hoy esta nación sufre otra calamidad gubernamental, que se inició cuando el chavismo llega al poder por la vía democrática e, ipso facto, modifica la Carta Magna que hoy es conocida como Constitución Bolivariana, para legitimar el continuismo.
Al morir Hugo Chávez Frías, deja de heredero en el poder a Nicolás Maduro, sin el consentimiento legal y ético del pueblo, y en Miraflores se encuentra en medio de una marea que ha repercutido en todos los órdenes de la vida del venezolano. Al igual que Chávez, Maduro se halla bajo el asesoramiento de los hermanos Castro y pretende un continuismo que ha encontrado un valladar, cuando el pasado 6 de diciembre una abrumadora mayoría del pueblo eligió un nuevo órgano de poder: la Asamblea Nacional, que cuenta con la mayoría parlamentaria y que puede, de conformidad con dicha Constitución, aprobar leyes que busquen el restablecimiento democrático del país, así como devolver a la sociedad venezolana a todas aquellas personas que han sido encarceladas por delitos políticos, como son los casos de Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros, surgiendo al respecto la Ley de Amnistía, autorizada por el artículo 187.5, de la referida Ley Fundamental y que Maduro está renuente a promulgar.
Nicolás Maduro ha reaccionado como era de esperarse ante dicha ley y, yendo más allá, amenaza con acortar el mandato de la Asamblea Nacional, reduciéndolo a 60 días, sin percatarse de que para ello necesita el consenso mayoritario del pueblo venezolano. De lo contrario, no podría burlarse de esa mayoría que fue, vuelve a repetirse, la que puso en el órgano legislativo a sus representantes.
Adicional a tal amenaza, Maduro pidió al chavismo que active una insurrección popular, en caso de que la oposición llegare al poder, lo que haría dicha oposición a través de métodos democráticos, como es el camino que está preparando la AN, sin acudir a actos violentos ni tampoco alentar a su pueblo a que actúe de esa forma. Parece que Maduro, al incitar a delinquir a esa minoría chavista, desconoce lo que prescribe la legislación penal al respecto. Por ejemplo, el artículo 146 del Código penal venezolano expresa que: “Cualquiera que ejecute algún acto que tenga por objeto hacer tomar las armas a los habitantes de la República en contra de los Poderes Públicos de la nación, será castigado…”; en consonancia con lo preceptuado en el artículo 167 de dicho texto punitivo que establece que: “Cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos…”
Al valorar la Ley de Amnistía de inconstitucional, Maduro se ha convertido en máximo calificador de las leyes que emita la Asamblea, y lo hace porque disfruta de la total sumisión del poder judicial, a quien le ordena y manda.
Mientras tanto, y paralelo a sus desmanes gubernativos, Maduro crea un apartheid alimentario, al disponer la distribución de alimentos únicamente a todo aquel que milite en las filas del chavismo, que constituye un escaso porcentaje de la población, dejando a la mayoría en precarias condiciones y a la deriva para su supervivencia. Es ocioso agregar que el mantenimiento de la salud es harto deficiente.
Así las cosas, el título de esta columna se justifica porque el Libertador Simón Bolívar dejó establecido el cauce democrático para Venezuela, apoyado en la soberanía del pueblo y, en tal sentido, escribió: “Siempre seré el defensor de las libertades públicas, es la voluntad nacional la que ejerce la soberanía y, por tanto, al único soberano a quien yo sirvo como a tal”.
Ese soberano fue el pueblo el 6 de diciembre pasado, al elegir a la Asamblea Nacional, compuesta de la mayoría de ese pueblo, representado por la oposición. Contra esa mayoría es que Maduro se pronuncia belicosamente y, por ende, contra el propio Libertador. Cosas veredes!