El viernes 10 de mayo, el Poder Ejecutivo peruano aprobó un Decreto Supremo que ha generado controversia al incluir las identidades LGBTIQ+ en el ámbito de los trastornos mentales. El documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud César Vásquez y el ministro de Economía y Finanzas José Arista, cataloga como un problema a atender el transexualismo, el transvestismo y las dudas relacionadas con la identidad de género.
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La base para esta consideración proviene de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En consecuencia, estos diagnósticos ahora serán considerados como trastornos mentales cubiertos por los servicios de salud estatales peruanos dentro del Plan de Aseguramiento en Salud (PEAS).
La noticia ha generado preocupación entre miembros de la comunidad LGBTIQ+, quienes argumentan que el MINSA está utilizando información obsoleta, dado que la CIE-10 dejó de utilizarse en 2022.
En respuesta a esta situación, un grupo numeroso de personas trans y miembros de la comunidad LGTBIQ+ se manifestaron en Lima el pasado 17 de febrero. La protesta tuvo lugar en la intersección de las calles Jr. Chancay y Jr. Zepita, en el Cercado de Lima y contó con la participación de aproximadamente 200 mujeres trans y organizaciones aliadas.
Durante la manifestación, exigieron cambios en las políticas de seguridad y justicia para garantizar la protección de las personas trans y miembros de la comunidad LGTBIQ+. También solicitaron el reconocimiento legal de los cambios de nombre y género en los documentos de identidad, así como oportunidades laborales libres de discriminación.
En cuanto al matrimonio igualitario, el Perú muestra una opinión dividida. Según el último reporte del Barómetro de las Américas, solo el 21% de los ciudadanos respalda la idea de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 79% se muestra en desacuerdo.
A excepción de Uruguay, Chile y Argentina, en todas las naciones de América Latina y el Caribe que fueron objeto de la encuesta, menos de la mitad de la población está a favor de esta medida.
A pesar de esto, el respaldo al derecho de la comunidad LGTBIQ+ ha experimentado un crecimiento en el país en los últimos años, alcanzando su punto más alto en el 2023. Los segmentos de la población que muestran mayor apoyo incluyen a las mujeres, los jóvenes, aquellos con mayor nivel educativo y económico, así como los residentes en áreas urbanas.
El informe del Barómetro de las Américas también destaca que desde el 2017 se considera la orientación sexual y la identidad de género como agravantes en casos de delitos de intolerancia o discriminación. Se estima que más de 1 millón de adultos peruanos se identifican con una orientación sexual no heterosexual, lo que representa aproximadamente el 8% de la población.
Redacción Maduradas con información de Infobae