La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la fiscal general, Luisa Ortega, que informe si existen o no delitos por parte de los diputados de la Asamblea Nacional que removieron en julio de 2016 a los magistrados del órgano judicial designados en diciembre de 2015.
En la sentencia número 454 se solicita a la fiscal que dé respuesta a lo establecido en la decisión 614 del 19 de julio de 2016, tal y como se pidió el 4 de agosto de 2016.
Para ello, la fiscal tendrá un día hábil después de ser notificada para responder sobre este punto: dar conocer si se cometieron delitos contra los Poderes Nacional y la Administración Pública, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras formas de responsabilidad jurídica.
Si Ortega Díaz no cumple con lo dispuesto por el poder judicial, podría ser sancionada según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con hasta 200 U.T.
Redacción Maduradas
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