Ante las violaciones a los derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro como lo es el derecho a la identidad, ha desencadenado el aumento de negocios online de los gestores de documentos.
AVN
Debido al éxodo de más de siete millones de venezolanos a otros países y los obstáculos en Venezuela para obtener documentos de identidad, han surgido en el país las redes de gestores y tramitadores de documentos en las redes sociales, un procedimiento prohibido por la propia legislación venezolana.
Los migrantes venezolanos y los propios residentes del país, tienen dificultades para realizar el registro de partida de nacimiento en Venezuela, y la expedición de los documentos puede tomar mucho tiempo, con problemas como escasez de materiales, fallas de internet o la necesidad de trasladarse hasta la capital para poder hacer trámites de apostilla.
Es por ello que han surgido gestores como el grupo de Facebook denominado “Trámites SAIME – GTU – Antecedentes – Apostillas – Sacs y algo más!!”, el cual cuenta con casi 11 mil seguidores y se creó el 13 de julio de 2022 bajo otro nombre: El Infierno del Darién.
En sus publicaciones iniciales abundan anuncios de coyotes que prometen cruzar la selva del Darién, noticias trágicas sobre la suerte de los migrantes en esa zona, trabajos de santería, envío de remesas y hasta famosos bulos como el del “venezolano que se grabó con un jaguar en Darién”, desmontado por varios portales de verificación.
El 6 de diciembre de 2022 optaron por cambiar al actual extenso nombre, donde se pregunta y ofrecen servicios de “gestoría” para una importante cantidad de documentos de identidad y trámites que manejan y controlan los entes estatales en Venezuela. Una especie de falso SAIME en Facebook.
El grupo es privado, por lo que hay que ser aceptado tras solicitud previa antes de leer sus publicaciones. Entre sus dos administradores visibles está Donna Quispe (con insignias de “administrador, generador de conversaciones y miembro fundador”). El otro perfil corresponde a Dairo B Márquez, cuyo apodo es “Curry” y con un perfil en Instagram como @dairobritom con 225 seguidores. Ambos tienen en común a la ciudad de Cumaná, al oriente de Venezuela, como lugar de residencia.
El objetivo del grupo no solo cambió de rubro, también rápidamente se organizaron para reunir a gestores en un mismo grupo de WhatsApp en el que se ofertan servicios desde líneas celulares venezolanas y otros países del continente, como Colombia y Perú.
Todos los servicios están dolarizados, pero también reciben pesos colombianos o el equivalente al cambio de día en cuentas bancarias de Venezuela. Se ofertan desde el restablecimiento de usuarios en línea para pedir el pasaporte por 5 dólares hasta la cédula de identidad a distancia con costos que varían entre 30 y 185 dólares.
El trámite lo ofrecen para venezolanos y extranjeros, la tradicional cédula de fondo amarillo. El gestor envía al potencial cliente las fotografías o modelos (anverso y reverso). En resumen, el usuario tendrá en la oferta más económica una identificación inexistente en el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Es decir, un documento forjado y falso, aunque sea copia del original.
El costo por apostillar partidas de nacimiento con los aranceles puede costar 150 dólares y están listas de 15 a 20 días.
En otro grupo de Facebook abierto llamado “Legalización y apostillado venezolanos”, con más de 12 mil seguidores, con costos por sus servicios que van desde: Reseteo de Antecedentes $ 12 Reseteo de Apostilla $ 45 Reseteo SAIME Inclusión de Apostilla AIME $80 Error Migratorio $11 Pago Cita Consular $ 220 Pago Cita Nacional 10 $ 215 Reseteo $ 26 Cita GTU $ 20 Anulación GTU TGRAOYOS $75 Barrido $ 70 Impresión 55 Chequeo Dactiloscópico Sincronización RFI TERIO DEL 60 Asignación 350″
La práctica de los gestores es un tema de vieja data arraigado a la administración pública venezolana y que se sostiene con la complicidad interna de una red de funcionarios activos y captadores de potenciales “clientes”, la discrecionalidad y la nula transparencia de los procesos administrativos. Son muchos los factores de quienes usan estos tramitadores como salidas desesperadas y que ponen en riesgo su dinero y sus datos personales, a la vez que quedan en evidencia delitos contemplados en la Ley Orgánica de Identificación, la Ley Especial contra Delitos Informáticos y la Ley contra la Corrupción.
Redacción Maduradas con información de Efecto Cocuyo
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