Nada más y nada menos que 8.192 minutos. Ese fue el tiempo que la televisión y la radio venezolana fueron obligadas por el Gobierno de Maduro a transmitir actos oficiales y alocuciones presidenciales a lo largo de 2013. Así lo reveló la Alianza Regional para la Libertad de Expresión, en un informe difundido este sábado, con motivo al Día Mundial de la Libertad de Prensa y en el cual al compararse el uso de estas transmisiones en 16 países latinoamericanos se observa que Venezuela es aquel donde más extensas son éstas.
Según las cifras suministradas por Espacio Público a la Alianza, los más de 8 mil minutos que duraron las 192 cadenas del año pasado equivalen a casi seis días. Asimismo la agrupación denunció que en 2014 se podría superar con creces estos números, pues en los primeros tres meses del año ya habían contabilizado 60 transmisiones conjuntas, las cuales se habían prolongado por 4.419, de acuerdo al portal del diario El Universal.
Pese a estas cifras las autoridades nacionales no son las que más fuerzan a los medios audiovisuales a emitir sus actos y mensajes en la región. El primer lugar lo ocupan las ecuatorianas. De acuerdo con el reporte, el presidente Rafael Correa ordenó 817 cadenas el año pasado, la cuales tuvieron una duración total de 4.309 minutos, es decir casi tres días. La agrupación ecuatoriana Fundamedios, quien suministró los datos a la Alianza, afirmó que este tipo de transmisiones creció 400% en comparación con 2012.
Los que menos
En las antípodas de Ecuador y Venezuela se hallan: Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México, Paraguay y Uruguay, cuyos gobernantes aunque tienen la potestad para convocar cadenas prácticamente no la ejercen y utilizan otras vías para comunicarse con sus ciudadanos.
Los casos de Perú y Guatemala son excepcionales, pues en el país andino la legislación no autoriza a ningún funcionario a ordenar a los medios audiovisuales a emitir conjuntamente un mismo mensaje o acto; y en el segundo la normativa que lo contemplaba fue derogada en 2004. La Corte Constitucional del país centroamericano abolió las cadenas por considerarlas contrarias al derecho «a informar y ser informado», pues colocaban a los ciudadanos en un «cautiverio informativo».