Nicolás Maduro lo tenía en la mira. Desde que le tocó reemplazar a Hugo Chávez cuando su larga convalecencia no le permitió asumir el poder en 2012, responsabilizó al joven líder de Voluntad Popular de “maniobras desestabilizadoras”. Ahora, lo acusa de “terrorismo y asesinato”, por los incidentes durante la marcha de estudiantes opositores de febrero del año pasado, que terminaron con un gran número de muertos.
López fue alcalde del municipio metropolitano de Chacao por dos períodos (2000-2008). Durante su último año de gestión, el gobierno de Hugo Chávez lo inhabilitó para ejercer cargos públicos tras ser acusado, en 1998, de haber recibido recursos de la gerencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ocupaba su madre, Antonieta Mendoza, para fundar el partido opositor Primero Justicia. El joven dirigente apeló a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte CIDH) y ambas concluyeron que hubo una violación de sus derechos.
Ilustración de Javier Muñoz
Sin embargo, el Gobierno mantuvo sobre López la prohibición de postularse a cargos de elección popular y truncó así su candidatura a la alcaldía metropolitana de Caracas en 2008, que más tarde ganó -en dos oportunidades- su compañero Antonio Ledezma.
Con estudios de Economía en la Universidad de Harvard, López ostenta una exitosa carrera política: en 2000, con 29 años, fue elegido con el 51% de los votos para su primer período en la alcaldía de Chacao, el municipio más rico de la gran Caracas, y en su reelección, en 2004, arrasó con 81 por ciento.
En abril de 2002, fue uno de los muchos políticos que llamaron a las manifestaciones opositoras de calle que derivaron en un golpe de Estado que sacó brevemente del poder al entonces presidente Hugo Chávez.
Hace un año, y tras su inhabilitación, sus tácticas de protestas callejeras para forzar “la salida”del Gobierno le han significado ser responsabilizado por Maduro de los muertos y heridos que dejaron las manifestaciones estudiantiles en Caracas.
El pasado 12 de febrero de 2014, miles de estudiantes, acompañados por López y otros líderes de la oposición, marcharon contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos y la detención de universitarios.
El Gobierno afirma que la violencia fue resultado de “grupos de ultraderecha infiltrados” en las manifestaciones con el fin de provocar “un golpe de Estado” en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.
López es sometido a juicio desde entonces y cumple un año en la prisión militar de Ramo Verde.
Juicio irregular
Aún se espera el final del juicio que se lleva a cabo por delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. El juicio inició en julio de 2014, y el líder opositor dejó de asistir a las audiencias en septiembre cuando el tribunal desestimó la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Aun así el proceso sigue adelante.
Diana López, hermana del líder de oposición indicó a Unión Radio de Venezuela, que en las audiencias no les permiten entrar regularmente. “Afuera de la salas hay piquetes de Guardias Nacionales, esto es desproporcionado. No nos permiten entrar a las salas y cuando ha podido salir Leopoldo no hemos podido darle afecto y solidaridad”.
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Un año después, la hermana del López no pierde la esperanza y espera justicia en este flagrante caso de violación de los derechos más básicos. “Nuestros abogados dicen que la Fiscalía no pudo presentar una prueba de los cargos, hablan de un incendio y asociación a delinquir. Leopoldo es un preso de conciencia porque ellos dicen que tiene un discurso fuerte y subliminal”.
Recientemente al padre de López le fue prohibido entrar a las audiencias por intentar grabarlas, lo que es legalmente posible según la defensa. Mientras la esposa de líder, Lilian Tintori, padece la inclemencia de visitas negadas y largas esperas en las puertas de la cárcel.
Con información de AFP.