Un grupo de intelectuales y políticos de la oposición venezolana dirigió una carta al Gobierno brasileño en en la que pide sanciones para el Ejecutivo de Nicolás Maduro en el ámbito del Mercosur, explicó hoy a EFE uno de los firmantes.
Composición Maduradas
“En Venezuela hay una evidente fractura del orden constitucional y democrático”, argumentó en declaraciones a Efe el exdiplomático venezolano Alfredo Coronil Hartmann, quien hizo entrega de la carta en la Cancillería brasileña.
El documento, dirigido al canciller brasileño, José Serra, saluda la decisión adoptada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -los cuatro socios fundadores del Mercosur- de impedir que Venezuela asuma la presidencia rotativa del bloque, pero considera que el Gobierno de Maduro aún debe ser objeto de sanciones adicionales.
En ese sentido, invoca el Protocolo de Ushuaia, suscrito por el Mercado Común del Sur (Mercosur) en 1998 y también conocido como “carta democrática”, en el cual se prevé la suspensión de un país miembro en caso de que sea comprobada una ruptura del orden constitucional.
También se solicita el “envío de ayuda humanitaria” a Venezuela, la creación de una “comisión multilateral que ayude a la liberación inmediata de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la realización de elecciones democráticas este mismo año”.
En la carta, se insta además a que “se convoque de inmediato a consultas entre los Estados parte (del Mercosur) para evaluar la situación de Venezuela y así presionar al régimen de Nicolás Maduro a que facilite una solución pacífica y constitucional a la crisis”.
Además de Coronil Hartmann, la carta la suscribe una veintena de intelectuales y políticos, entre quienes están la expresidenta de la Corte Suprema Cecilia Sosa Gómez, el expresidente de la Cámara Baja José Rodríguez Iturbe y el excanciller Reinaldo Figueredo.
El texto hace un relato de lo que considera “incumplimientos” del Gobierno venezolano a las normas constituciones y resalta que “la grave crisis política, económica y humanitaria que padece el país significa para el organismo suramericano un elemento perturbador de sus mecanismos de integración”.
Según explicó Coronil Hartmann, la intención es que el Mercosur pueda facilitar, con “su presión”, que Venezuela inicie el camino hacia lo que calificó de “reconstrucción de su democracia” mediante elecciones “libres” y supervisadas por la comunidad internacional.
Fuentes de la cancillería brasileña confirmaron a EFE que la carta fue recibida, aunque declinaron comentar si el Gobierno de Michel Temer tiene previsto dar alguna respuesta.
Esta misma semana, al acordar que el Gobierno de Maduro no está en condiciones de ejercer la presidencia rotativa del Mercosur por la falta de adaptación del país a la normativa interna del bloque, los socios fundadores también emplazaron a Venezuela a ponerse al día con los estatutos internos del mecanismo de integración.
Según explicó la Cancillería brasileña, Venezuela tendrá plazo hasta el 1 de diciembre próximo para ratificar las normas internas del Mercosur, y en caso de no cumplirlo será suspendida del bloque.
Entre las normas aún no ratificadas por Venezuela, figuran el Acuerdo de Complementación Económica nº 18, que trata sobre la libre circulación de bienes, el Protocolo de Promoción y Protección de Derechos Humanos y el Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur.
La decisión fue plenamente respaldada por Argentina, Brasil y Paraguay mientras que Uruguay se abstuvo, con lo que no impidió el consenso necesario para su aprobación.
Venezuela ha rechazado ese acuerdo en forma enérgica, sostuvo que “vulnera la legalidad” del Mercosur y lo atribuyó a lo que calificó de “Triple Alianza de los Gobiernos de Argentina, Paraguay y de facto de Brasil”.
Información de EFE
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