Este domingo, 6 de octubre, ratificaron la privativa de libertad contra el alcalde de Maracaibo (Zulia), Rafael Ramírez Colina, sin derecho a la defensa tras audiencia en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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Así lo informó a través de Intagram Vanessa Linares de Ramírez, directora general encargada de la Alcaldía de Maracaibo.
«Queridos marabinos, comparto con ustedes una situación que nos afecta a todos. Hasta el momento, hemos recibido la noticia de que se ha llevado a cabo una audiencia en la sede del Sebin en Maracaibo, donde de forma ilegal, se ha decretado la privación de libertad del alcalde Rafael Ramírez, junto con otros detenidos», detalló.
«Agravando la vulneración de derechos fundamentales, Rafael fue privado de sus defensores, lo cual es contrario al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa establecidos en nuestra Constitución y leyes y que merece como ser humano, demostrándose nuevamente que se trata de un hecho de persecución política. Nadie ha podido verlo. No sabemos en qué condición se encuentra», aseveró.
Y continuó: «Estoy convencida de que en estos momentos difíciles, el alcalde sigue pensando en nuestra querida ciudad y en el bienestar de todos los marabinos. Él siempre nos ha inspirado a trabajar por una Maracaibo próspera y en funcionamiento».
El Ministerio Públuico (MP) señaló que un fiscal especializado en la materia «se encuentra procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción».
Según dijeron a la agencia de noticias EFE fuentes de la Alcaldía, también fueron aprehendidos el director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina.
La Alcaldía de Maracaibo denunció que la detención de su titular se efectuó «sin justificación y explicación alguna», por lo que exigió su «inmediata» liberación.
El ayuntamiento hizo un llamado al «respeto por las instituciones» y «los espacios físicos de los poderes públicos municipales», así como al «resguardo de cada uno de los más de 8.000 servidores públicos» de la ciudad.
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Redacción Maduradas con información de EFE
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