La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) fijó su mirada en analizar las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que se han denunciado Venezuela, así como desapariciones forzadas, ambas prácticas comunes en dictaduras.
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En un informe publicado recientemente la ACNUDH llegó a la conclusión de que «las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”.
El documento explica además que del total de 124 muertes relacionadas con las manifestaciones, las fuerzas de seguridad serían responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU continúa en su investigación sobre este caso, en el que realizó 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
El organismo establece además que las armas de fuego «nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal».
“El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, dice el informe.
La ACNUDH ha registrado además “varios casos de desapariciones forzadas”, una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
Redacción Maduradas con información de EFE.