El ministro chavista del Ecosocialismo, Josué Lorca, aseguró que el régimen ha revertido la deforestación en un 47 % desde 2002. Así lo aseveró en su intervención en la XV sesión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd), en Abiyán, Costa de Marfil.
«En Venezuela contamos con un plan de reforestación, el cual tiene como meta la siembra de 10 millones de árboles, mediante la implementación de cinco líneas programas: Un árbol, un estudiante, Agroforestería familiar, Sembrando vida, Ecourbanismo, y Conservación», dijo el funcionario.
Asimismo, detalló que en Venezuela ya se han plantado 32.690.990 árboles de diferentes especies como parte del programa denominado Misión Árbol, creado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2006. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo que viene sucediendo en el Arco Minero.
El Arco Minero, nombrado así por Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», es un área de explotación irregular y trabajos precarios de recursos minerales, gestionado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en cooperación con grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); ambas organizaciones señaladas de terroristas.
El opositor venezolano Romel Guzamana alertó en noviembre del pasado año que la «minería ilegal» está afectando a los territorios indígenas en el sur y dijo que hay una «devastación criminal» de los ríos, cerros y selvas por la actividad en el Arco Minero.
«Los pueblos indígenas de Amazonas ya no aguantamos más la devastación criminal de nuestros ríos, cerros y selvas, producto de la minería ilegal, mal llamado arco minero. S.O.S al mundo, nos quieren desaparecer», dijo Guzamana en Twitter.
En agosto pasado, la oposición que lidera el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el «grave ecocidio» que comete el régimen Maduro desde 2017, cuando ordenó extraer minerales en la zona sur del país.
Esta zona cuenta con una extensión que representa, según la oposición, el 12,2 % del territorio nacional, «una superficie mas amplia que Portugal».
Según la ONG SOS Orinoco, la explotación «se ha extendido a parques nacionales como el de Canaima, y en el foco más grande, entre Las Claritas (Estado de Bolívar) y el kilómetro 88 de la carretera que termina en Brasil».
La organización advirtió que «lo peor del caso es que, para julio de 2020, había 59 núcleos de minería ilegal, en la que usan mercurio para la extracción de oro, un elemento químico tóxico que ha contaminado en un 70 % el río Caroní».
Redacción Maduradas con información de EFE y Versión Final
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