La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó en el informe anual de 2021 su preocupación por la garantía del derecho al medioambiente sano y del agua en Venezuela.
SOSOrinoco
En el llamado Informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH afirmaron que “urge” garantizar el derecho al medioambiente sano en el país que, entre otros, “sería uno de los más afectados ante las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco”.
En el documento señalan que la “falta de control estatal en la zona -en la que se han reiterado las denuncias por el control que ejercen grupos armados ilegales-, ha generado un estado de vulnerabilidad para habitantes de la zona, con un impacto desproporcional y diferenciado en mujeres, pueblos indígenas y en las poblaciones fronterizas. Dicha situación estaría caracterizada por los altos impactos ambientales, la escasez de los medios de vida – alimentos, bienes y servicios- y riesgos significativos en materia de salud, ante la exposición al mercurio por parte de la población, el cual se seguiría utilizando para la extracción de oro, pese a estar prohibido como método de obtención o tratamiento de minerales en el territorio nacional”.
Asimismo, la Redesca aseguró que la situación del agua en Venezuela continúa siendo “especialmente preocupante”, y que la ausencia de garantía de ese derecho aumenta de forma considerable los riegos de contagio del coronavirus.
Estiman que al menos 80% de la población venezolana recibiría agua de manera intermitente y que el servicio que llega a los hogares no cumpliría con los estándares de calidad necesarios.
“Además, a partir de una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, 70% de las personas consultadas considera que las problemáticas relacionadas con el agua están afectando su calidad de vida, más aún teniendo en cuenta que 56% considera que el agua para consumo que reciben en su hogar no sería segura. En consecuencia, solo en el primer trimestre del año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 223 protestas por exigencia de agua, ante las limitaciones de acceso al recurso para el aseo personal, doméstico y comunitario”, precisaron.
Al mismo tiempo, advirtieron en el informe que la ausencia del derecho al agua tiene “profundos impactos en la garantía otros derechos”, como la educación, la salud, la vivienda, entre otros.
“Esta problemática, aunada a las debilidades del sistema eléctrico y los constantes apagones, ha afectado la calidad de vida en los hogares e impedido la de atención a pacientes en centros hospitalarios en reiteradas ocasiones, así como la implementación de medidas adecuadas de saneamiento e higiene en estas instalaciones. Por esta razón, se reitera que es prioritario adoptar medidas enfocadas a solucionar el problema de escasez de agua a nivel nacional, pues en el marco del Sistema Interamericano, el derecho humano al agua impone la obligación a los Estados de garantizar el acceso al agua salubre y en cantidad suficiente como una condición ineludible para la satisfacción y ejercicio de varios derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, entre otros”, detallaron en el documento con fecha del 26 de mayo.
Redacción Maduradas
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