Varios militantes de Perú Libre, el partido que llevó al poder al presidente, Pedro Castillo, y de otras organizaciones de izquierda, lograron puestos de trabajo en el Estado en los últimos años.
Presidencia de Perú
Así se confirmó, según una investigación del diario El Comercio, en la cual se enfatizó que Castillo colocó a sus amigos chótanos en puestos que eran ocupados por civiles y militares en la Casa de Pizarro.
Por ejemplo, se menciona el caso de Manuel Rafael, quien vive en la residencia presidencial, cuya labor consiste en abrir la puerta 6 del Palacio para que ingresen visitantes de Castillo, vulnerando así los controles de soldados y policías.
Asimismo, se supo que la familia del presidente hizo que un ayudante de cocina de Palacio sea desplazado a realizar labores en el comedor para que Rafael tomará su puesto.
En la investigación también se apuntó que Susy Díaz Huamán, amiga de Yenifer Paredes, vivía en Palacio de Gobierno. Compartía habitación con la cuñada del presidente Castillo, quien la invitó para que le ayude en la redacción de su tesis para graduarse en la maestría que llevaba en la Universidad Nacional de Cajamarca.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Fiscalía de Perú dispuso a mediados de julio abrir una investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y lo citó para que declarara por el caso a principio de agosto.
El Ministerio Público informó, en un mensaje publicado en Twitter, que la decisión fue tomada por la Fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, quien dispuso «dejar sin efecto la disposición que suspendía» el inicio de esas diligencias.
La investigación preliminar había sido suspendida en enero por Zoraida Ávalos, la entonces fiscal general, bajo el argumento de que el jefe de Estado no podía ser investigado, una posición que también esgrime la defensa de Castillo.
Sin embargo, tras la decisión de Benavides la Fiscalía investigará al gobernante por las presuntas reuniones que sostuvo con empresarios señalados como gestores de intereses y por supuestas irregularidades en los ascensos de altos mandos militares.
Redacción Maduradas con información de El Comercio
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