Luego de que Nicolás Maduro anunciara un decreto de «indulto» a favor de 110 personas con procesos penales abiertos o condenas firmes, Amnistía Internacional celebró la medida y destacó que este es el primer paso paso para revertir la política de represión.
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«La política de represión del gobierno de Nicolás Maduro acumula cientos de detenciones arbitrarias contra quienes se atreven a cuestionarlo. Estas liberaciones no deben verse como un acto de benevolencia, sino como un paso inicial hacia la reparación de las injusticias y arbitrariedades en una sociedad sumergida en una profunda crisis de derechos humanos», manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Entre los supuestos beneficiados se encuentra el preso político Rubén González, de 61 años, quien está detenido desde noviembre de 2018 en el centro penitenciario La Pica, en el estado Monagas.
La lista también contempla los nombres de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, detenidos en sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), el primero desde diciembre de 2019 y el segundo desde marzo de este año.
Además de considerar otros casos que Amnistía Internacional ya había calificado como preocupantes.
«La libertad de las personas incluidas en esta medida debe concretarse inmediatamente y garantizando sus derechos humanos. Las autoridades venezolanas no deben dilatar un día más la privación de la libertad de estas personas», sentenció Guevara Rosas.
Además, agregó: «El indulto dictado por el presidente Maduro no debe, en ningún caso, considerarse como un reconocimiento de responsabilidad por parte de las personas beneficiadas con tal medida. Debe servir como punto de inflexión para detener la práctica de detenciones arbitrarias y juicios injustos, incluso ante tribunales militares, en contra de quienes opinan diferente en Venezuela».
Redacción Maduradas con información de Amnistía Internacional.
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