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¡DEBE SABERLO! Denuncian que 2 tribunales militares aplican la justicia discrecional y violan el debido proceso

Desde finales de 2018, el Tribunal Militar Tercero de Juicio ubicado en Maracaibo, estado Zulia, no ha iniciado los juicios que corresponden al occidente del país, por lo que los detenidos que están bajo ese Tribunal Militar no han tenido su debido proceso, como ocurre en la mayoría de estos despachos en Venezuela.

Algunos detenidos llevan entre dos y tres años esperando para que se dé inicio a sus juicios, sin recibir respuestas por parte del presidente del Tribunal Militar, coronel José Luis Quevedo Martínez, quien es el suplente de la Corte Marcial desde 2008; además tiene 10 años en el tribunal en cuestión con la mitad de ese periodo en el máximo cargo, pese a que le han dado la baja en dos oportunidades, pues lo vuelven a reenganchar en el cargo. La segunda autoridad es el coronel Yoffer Javier Chacón Ramírez.

Para lograr una salida rápida de prisión, los detenidos, tanto civiles como militares, terminan pagando cuotas en monedas extranjeras al personal que labora en los tribunales venezolanos. Cuando no es posible declararlos inocentes para liberarlos, se les pide admitir los hechos para poder sacarlos con medidas cautelares. En algunos casos solo basta el pago para que recuperen su libertad.

En el caso del estado Zulia ya tienen más de 15 juicios pendientes esperando que el Tribunal Militar comience a operar.

Esto no solo ocurre en el interior del país, reseña Infobae en un trabajo, pues el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, que está cargo de Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, tiene asignados los casos más emblemáticos de los militares detenidos en 2018, como el del mayor general Miguel Rodríguez Torres y los señalados por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro.

Sin embargo, la jueza se fue de permisos pre y post natal, violentando los derechos de los detenidos que Infobae enumeró de la siguiente manera:

–Ha ignorado deliberadamente las denuncias de torturas que han hecho los detenidos, quienes incluso han llegado al tribunal con heridas, moretones producto de los golpes y agresiones físicas recibidas en los centros de reclusión.

-Usando maniobras de retardo o prohibiendo el ingreso de los abogados a las salas de juicio, les impuso a los militares de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE) defensores públicos militares, asegurándose así que no tuvieran la apropiada defensa.

-La jueza aplicó medidas dilatorias, no dando despacho o retirándose sin atender solicitudes, para no recibir las solicitudes de la defensa.

–Tampoco permitió que los abogados defensores pudieran tener acceso al expediente, lo que les impedía poder ejecutar una apropiada defensa del imputado.

-La lista de las violaciones, por parte de Caudia Mogollón, al debido proceso, al derecho a la defensa, al respeto a los derechos humanos de los oficiales detenidos, son muchas y variadas.

Redacción Maduradas con información de Infobae.

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