La familia del fallecido concejal opositor venezolano Fernando Albán, que murió el 8 de octubre de 2018 estando preso en Caracas, demandó en Miami al presidente venezolano, Nicolás Maduro, otras autoridades de Venezuela y la guerrilla colombiana FARC por «daños y perjuicios«, según documentos judiciales.
Libertad digital- Reuters
Entre los demandados por Meudy Albán Osio, la viuda del concejal de Primero Justicia, y sus hijos María Fernanda y Fernando Albán Osio, están el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal General, Tarek Saab, y el ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.
Los demandantes acusan a todos ellos de «encabezar una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos«.
Otros demandados son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de los Soles, una organización supuestamente formada por generales venezolanos y dedicada al narcotráfico.
La demanda civil se ampara en la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en inglés), usada con éxito para enjuiciar a grandes figuras del crimen organizado.
Fernando Albán fue detenido como presunto implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.
El gobierno asegura que Albán se suicidó mientras permanecía bajo custodia en dependencias policiales, pero la familia y la oposición venezolana aseguraron que fue asesinado.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, Albán murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
EFE
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