El Gobierno de Colombia está evaluando la posibilidad de otorgar salvoconductos a los migrantes venezolanos que han solicitado refugio en el país.
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Esta medida permitiría a los solicitantes trabajar legalmente mientras esperan la resolución de sus solicitudes de refugio. La iniciativa surge en respuesta al creciente número de venezolanos que buscan protección en Colombia, especialmente tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha mantenido reuniones con los gobernadores de las zonas fronterizas para discutir esta propuesta.
Durante estos encuentros, se destacó la necesidad de ofrecer soluciones prácticas a los migrantes, quienes enfrentan dificultades para subsistir sin un permiso de trabajo.
La Fundación Juntos se Puede, una organización de derechos humanos, ha sido una de las principales impulsoras de esta medida, presentando una petición formal ante la Cancillería el pasado 9 de septiembre.
Uno de los principales desafíos para implementar esta medida es la aparente contradicción entre el Decreto 1067, que no prohíbe el trabajo con salvoconducto, y la Resolución 1980 del Ministerio del Trabajo, que establece los documentos necesarios para que los extranjeros puedan trabajar legalmente.
La Cancillería está trabajando en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Migración Colombia para resolver estas discrepancias y asegurar que los migrantes puedan acceder a derechos laborales básicos mientras sus solicitudes de refugio son procesadas.
La situación migratoria en Colombia se ha vuelto cada vez más compleja debido al aumento del flujo de venezolanos, que huyen de la crisis en su país.
Según datos recientes, casi ocho millones de venezolanos han migrado, y muchos de ellos han elegido Colombia como su destino. La posibilidad de obtener un salvoconducto que les permita trabajar es vista como una medida crucial para mejorar sus condiciones de vida y facilitar su integración en la sociedad colombiana.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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