Van 17 años desde que se instauró un Gobierno militar en Venezuela de la mano del fallecido Hugo Chávez, quien en 1998 ganó las elecciones presidenciales después de haber dado un intento de golpe de estado en 1994, ir preso, y luego haber recibido un indulto presidencial por parte del para entonces primer mandatario Rafael Caldera.
Sin embargo, ahora el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el pasado 12 de diciembre que los uniformados serán relevados de los cargos de la administración pública para regresar a sus bases militares. Lo complejo, para el Ejecutivo, será decidir por dónde comenzar a recoger el agua derramada.
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En el Gobierno de Maduro, la rotación de militares dentro de los 28 ministerios que existen es reiterativa; pues, para este momento, al menos nueve de los titulares de los despachos más importantes provienen de las filas de alguno de los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas, sin contar los que están en Institutos Autónomos y demás instituciones del Estado, gobernadores, alcaldes y hasta diputados.
Sin tomar en cuenta el Ministerio de la Defensa, en manos del general Vladimir Padrino López, los otros despachos que son dirigidos por militares en la actualidad son:
- Ministro de Relaciones Interiores: Gustavo González López.
- Despacho de la Presidencia: Jesús Salazar.
- Ministerio de Vivienda: Manuel Quevedo.
- Ministerio de Finanzas: Rodolfo Marco Torres.
- Ministerio de Energía: Luis Motta Domínguez.
- Ministerio de Industrias y Comercio: José David Cabello.
- Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático: Giuseppe Yoffreda.
- Ministerio de Alimentación: Carlos Osorio.
Pero, ¿quiénes son los que saldrán de la administración pública? ¿Por qué se toma esta decisión en este momento? Ninguna de esas interrogantes han sido aclaradas por Maduro.
“Es posible que la decisión de replegar a las Fuerzas Armadas Nacionales en este momento sea para borrar algún rastro que pueda ser auditado por la nueva Asamblea Nacional, a partir del 5 de enero de 2016, y desaparecer las manos militares metidas en la gestión administrativa, pues hay que recordar toda la corrupción que ha habido en los últimos 16 años”, destacó la abogada Rocío San Miguel, directora de la organización civil Control Ciudadano, y experta en el tema militar.
San Miguel advirtió a PanAm Post que considera que quienes han sido incorporados al Gobierno son los que realmente tienen el control del país, y que al mismo tiempo son los más leales al régimen implantado por Hugo Chávez.
“Es posible que con el retorno de los militares a cada uno de sus componentes (los privilegiados que perciben dos y tres salarios, sin rendir cuentas, los pupilos de Chávez, los más leales del régimen), ahora retornen para vigilar lo que sucede dentro de las FAN, partidizar mucho más y de paso, borrar todo rastro de permanencia dentro de la administración pública; esto, evidentemente no lo decidió él (Maduro) y lo más seguro es que sea una consecuencia de la evaluación electoral del 6D”, dijo la jurista.
Echándole tierra al “legado”
La tradición militarista dentro del chavismo ha sido tal, que en 1999, con la aprobación de la nueva Constitución, se le otorgó el derecho de ejercer el voto, como a los civiles. Apenas tomó el Gobierno, Hugo Chávez lanzó una serie de políticas públicas en los que involucró a las FAN, como parte de una alianza cívico-militar que siempre pregonó.
De ese proyecto de involucrar a los militares en la venta de alimentos y la ejecución de obras públicas surgieron los primeros escándalos de corrupción del chavismo, con el Plan Bolívar 2000, donde comenzaron a sonar los nombres como Jorge Luis García Carneiro, quien ahora es gobernador del estado Vargas.
El pasado sábado, cuando Maduro anunció que los militares serían devueltos a los cuarteles, declaró: “Retomemos el espíritu del Plan Bolívar 2000, yo quiero un plan antes de que amanezca el 1° de enero, para revitalizar, reimpulsar al máximo nivel la unión cívico-militar”, dijo.
“En Venezuela, los militares no han tenido control de ningún tipo, desde que llegó Chávez al Gobierno; han manejado los asuntos públicos como les ha dado la gana y no han rendido cuentas, porque nunca hubo reclamo ciudadano. Chávez nunca fue un demócrata y su llegada al poder fue una sentencia de muerte para la democracia venezolana”, señaló la abogada venezolana Thays Peñalver a PanAm Post.
La experta indicó que es preferible no especular sobre las razones que pudo haber tenido el presidente Maduro para anunciar el retiro de los militares de la administración pública. Sin embargo, advirtió que lo preocupante es adónde irán a parar todos esos uniformados. “Él (Maduro) no dijo de quiénes se va a deshacer; sólo que los iba a pasar a sus fuerzas, y es ahí donde debieron estar toda la vida, no vendiendo pollos, porque en los países democráticos los militares no tienen bancos, ni canales de televisión, ni radios y mucho menos son ministros”, dijo Peñalver.
En la era Chávez, los militares no siempre estuvieron del lado del Gobierno, pues en 2002 la fuerza militar fue precisamente la que apoyo al empresariado venezolano para derrocar al presidente durante 48 horas en un golpe de Estado, que posteriormente fue calificado por el Tribunal Supremo de Justicia como un vacío de poder.
Después del olvidado escándalo del Plan Bolívar 2000, los casos de corrupción donde aparecen involucrados efectivos de los distintos componentes de las FAN han sido constantes. Quizá uno de los más importantes, y que en algún momento deberá ser investigado a fondo, es la vinculación de los uniformados en el desfalco que sufrió Venezuela a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que se encargaba de la asignación de dólares a raíz de la implementación del control de cambio en 2003.
Este organismo también estuvo en manos de militares, y entre las investigaciones realizadas por medios venezolanos, como el diario El Nacional, en 2012 se abrían aprobado más de US$23 mil millones para supuestas importaciones. Además del general Manuel Barroso, que presidía Cadivi, aparece mencionado otro de los militares más sonados del chavismo, Carlos Osorio, quien en la actualidad es ministro de Alimentación.
“Aunque ellos ya no estén en los ministerios, deben rendir cuentas al país. Las interpelaciones son para ministros, pero ellos deben rendir cuentas igual, si son citados. El área alimentaria del país ha estado todo este tiempo en manos de militares, y Venezuela está a poco de caer en una hambruna por la falta de alimentos; eso deben explicarlo aunque retornen a los cuarteles (…) Sin embargo, lo preocupante ahora es qué harán esos militares, porque si fueron sacados a ejercer funciones en la administración pública, es porque no eran necesarios dentro de sus componentes, entonces ¿ahora para qué los van a utilizar?”, comentó Peñalver.
Finalmente, la jurista señaló que es importante separar lo que es un militar de carrera, que se especializa en la protección de sus fronteras, de combatir las mafias, el narcotráfico y el terrorismo, de los uniformados que salieron al mundo civil y que se han convertido en políticos armados, que al mismo tiempo son los que han estado gobernando al país durante los últimos 17 años.
“Esos son los que además tienen todo el poder, todo el dinero, los símbolos patrios. Debemos comenzar a diferenciarlos y preguntarnos si son militares o son hombres uniformados que quieren ser políticos”, comentó.
Con información de PanAm Post.