La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves 8 de octubre la denominada ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, con la que Nicolás Maduro supuestamente burlará las sanciones económicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos.
Prensa Miraflores
«La semana pasada, el presidente acudió ante esta Asamblea Nacional Constituyente para presentar una propuesta de ley que permitirá un margen de maniobra al gobierno para contrarrestar el terrible bloqueo que nos tiene el imperio norteamericano», manifestó Diosdado Cabello, presidente del organismo chavista, durante una sesión.
El oficialista recordó que Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, dotó al gobierno estadounidense para sancionar a Venezuela y aseguró que ahora el régimen tiene el derecho de crear un instrumento para, según, defender a los venezolanos.
Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños» el Ejecutivo procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».
Cabello, insistió en que estas «inaplicaciones» se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
Este blindaje «antibloqueo» otorga también facultades a Maduro para la «celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios» para la protección de activos nacionales, así como para «impedir o revertir actos o amenazas» que atenten contra las riquezas de la República.
Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal Pdvsa, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país suramericano.
La ley, además, declara «secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas» que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.
Esta confidencialidad se deberá mantener «hasta 90 días posteriores al cese» de las sanciones o circunstancias que hayan «propiciado la situación». La única auditoría contemplada queda en manos de la Contraloría General de la República, que podrá solicitar al Ejecutivo algún reporte y, en menor medida, el Poder Judicial podrá «tramitar solicitud» de acceso a estos expedientes, pero por medio de la Contraloría.
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Redacción Maduradas
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