Analistas coinciden en que el uso ilegal de las misiones o programas sociales como estrategia de campaña electoral para ganar votantes para candidatos del oficialismo ha surtido efectos contraproducentes.
“Si se siguen filtrando los datos sobre el repunte de la malaria en Bolívar, vamos a perder las elecciones en el estado”, le dijo un representante de la llamada Micromisión Malaria a Carlos Walter, director del Cendes. Con este ejemplo, Walter fundamentó su convicción de que la instrumentalización electoral de los programas sociales por el chavismo ha surtido efectos contraproducentes.
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El académico sostiene que, a pesar de la manipulación de las cifras, el electorado ha podido verificar que el gobierno tiene un comportamiento divorciado de la ética: “El 6-D los venezolanos cobrarán el desengaño con las misiones”.
Según la nota de El Nacional, a conclusiones similares llegó el resto de los ponentes del foro “Elecciones y misiones. Los programas sociales como estrategia de campaña electoral”, organizado por Transparencia Venezuela.
La Gran Misión Vivienda Venezuela, analizada por los especialistas Josefina Baldó y Carlos González, es la que más han utilizado los candidatos del oficialismo con fines proselitistas. Baldó considera que el gobierno ha optado por una adjudicación clientelar, mientras que González, quien preside la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, precisó que en 2011 la meta era entregar 150.000 viviendas, pero fueron 146.718, mientras que en 2015 se ofrecieron 400.000 y se han entregado 78.042.
González recordó que el 7 de noviembre el presidente Nicolás Maduro aseguró que se han adjudicado 753.443 viviendas y que este año se llegaría al millón: “Faltarían 246.557, lo cual equivale a entregar 4.482 por día; es decir, un Caricuao por semana o un Barquisimeto en 53 días”, destacó.
El especialista supone que las cifras que difunde el gobierno incluyen las viviendas remozadas a través de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, aunque se trate de pintar la fachada de un rancho de zinc.
En materia de seguridad ciudadana el llamado Operativo de Liberación del Pueblo también habría fracasado como anzuelo electoral, no obstante las simpatías iniciales con la estrategia de mano dura contra el hampa ensayada en otras coyunturas electorales.
Inti Rodríguez de Provea, dijo que las estadísticas oficiales revelan que, rápidamente, las OLP serían percibidas como razzias contra los más pobres, contra lo que ha sido la base social del chavismo. En 4 meses la incursión militar en los barrios ha causado 219 ejecuciones (durante todo el año pasado Provea registró un total de 189), más de 8.000 detenciones arbitrarias, más de 17.000 allanamientos ilegales, 1.490 desahucios y 976 desalojos forzosos y demoliciones de vivienda.
Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela, hizo énfasis en lo esencial del problema y en una forma de afrontarlo: “El uso electoral de las misiones es un delito y en vista de la sordera del CNE, ante el cual hemos elevado 440 denuncias, lo que le queda al ciudadano es la sanción política en las urnas electorales”.