La llamada Lista Tascón, a través de la cual se determina el ingreso o no de personas naturales y jurídicas a las empresas del Estado, sigue vigente tras 10 años de su creación. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en sus oficinas de La Salina (Cabimas), mantiene «vetadas» a un total de 93 empresas privadas, dentro de las cuales se encuentran suplidoras de repuestos, productos industriales, servicios, entre otras, así lo reseñó el diario La Verdad.
Las compañías están excluidas de las invitaciones para las licitaciones, por orden de la gerencia de Barivén, la filial de PDVSA encargada de la adquisición de materiales y equipos necesarios para las actividades de exploración, producción y refinación.
«Se veta a las empresas, las sacan de los paneles de participantes, aunque según la Ley de Licitaciones vigente deberían tener la posibilidad de estar en los procesos licitatorios», denuncia una fuente que prefiere el anonimato.
La petrolera excluye a las compañías en los casos en los que se detecte que algunos de sus miembros esté en contra del llamado Gobierno revolucionario o haya firmado en los años 2003 y 2004 en favor de un referendo consultivo sobre el entonces presidente Hugo Chávez.
El cumplimiento de la orden de negar el ingreso de determinadas personas jurídicas en PDVSA La Salina es responsabilidad del área de Asuntos Internos del departamento de Protección y Control de Pérdidas (PCP).
PCP maneja una lista con los 93 nombres, registros de información fiscal (RIF) y correos de las empresas que tienen prohibidos «de forma verbal» los accesos a los procesos de licitación de la estatal.