El término que el gobierno de Venezuela ha dado a los delatores, “sapos”, o agentes encubiertos empleados para infiltrar las filas de partidos políticos, grupos de manifestantes y disidentes se resume en solo dos palabras: patriotas cooperantes.
La abogada Elenis Rodríguez, asegura que “Esa figura se dio a conocer de manera más extensa con el caso de Rodolfo González (a quien el presidente Maduro tildó como ‘El Aviador’); y con las agentes encubiertas en el caso de Balvina Muñoz, pero no me queda la menor duda de que fue el modus operandi en la mayoría de las causas”.
Lo primero que hizo la propietaria de un inmueble en Chacao detenida en abril de 2014, cuando supo que había sido “entregada” por “patriotas cooperantes”, fue pedirle a sus defensores que advirtieran a sus hijos: “Díganles que se cuiden de Bombón y La Princess, son infiltradas”.
Las dos supuestas delatoras de la propietaria del apartamento en Chacao frecuentaban el campamento de estudiantes y manifestantes instalado en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, Caracas. Fue después de que sus identidades como funcionarias adscritas al Cicpc fueron descubiertas ante el grupo, que se produjeron las primeras detenciones de integrantes de este campamento, entre las que estaba la dueña del inmueble, acusada de organizar “manifestaciones violentas”. Algunos nombres han sido cambiados, pero el relato es de una defensora que la asistió en el caso.
Los testimonios, llamadas telefónicas y denuncias secretas —y en ocasiones forjados— a distintos cuerpos de seguridad han sido el sustento fundamental de las imputaciones y el encarcelamiento prolongado de los acusados. La primera mención de “patriotas cooperantes” apareció en 2011 en un expediente judicial en los tribunales de Puerto Ayacucho: supuestos denunciantes anónimos habían colaborado con militares en la detención de dos colombianos vinculados a la minería ilegal, según reveló un trabajo firmado por Javier Ignacio Mayorca y publicado en mayo de 2014 en El Nacional.
La utilización de anónimos para sustentar denuncias se ha extendido desde entonces y ha cobrado notoriedad por el uso habitual que portavoces del Gobierno han hecho de estos para criminalizar a ciudadanos. El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), ha incorporado a su programa televisivo “Con el mazo dando”, que transmite VTV, una sección exclusiva a las denuncias de supuestos “patriotas cooperantes”.
En solo 9 ediciones de su programa emitidas entre noviembre y diciembre de 2014, Cabello narró las infidencias de 13 supuestos “patriotas cooperantes” y acusó a 165 personas y organizaciones, según reveló en enero de 2015 un reporte de IPYS Venezuela. Pero esta es quizá solo una modalidad de delación y criminalización a la disidencia. El informe de gestión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) correspondiente a 2014, y las denuncias de detenidos apuntan a que organismos de seguridad, entre los que se incluyen el CICPC y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) colocaron a agentes y contratados en campamentos de manifestantes antigobierno, grupos estudiantiles y hasta partidos políticos.
Reclutación de «Patriotas Cooperantes»
Los cuerpos de seguridad del Estado continúan captando y reclutando de agentes para que sirvan como espías, delatores e infiltrados. La DCGIM publicó en junio de 2015 en su página en Internet (www.dgim.mil.ve) la convocatoria del proceso captación y selección para el curso de formación de “Funcionarios Civiles Operativos de Contrainteligencia Militar”.
El documento de acceso público indica que el programa de formación “está enmarcado dentro de los objetivos históricos del Plan de la Patria”. T
ambién enuncia los requisitos y el perfil de los aspirantes: venezolanos de nacimiento, con titulaciones universitarias, menores de 26 años, soltero o soltera y sin hijos, con una estatura mínima de 1,60 metros, que no tengan antecedentes penales o sanciones administrativas y que no hayan sido expulsados de academias o institutos militares.
Con información de Runrun.es