Finalmente, el Título 42 llegó a su fin para dar paso a la puesta en práctica del Título 8 a partir del viernes 12 de mayo. La medida que dejó de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de los Estados Unidos.
Sin embargo, ante el número creciente de personas cruzando Centro América y Sur América con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden estableció consecuencias más duras para quienes lo intenten por las vías ilegales.
La nueva norma establece “circunstancias limitadas” bajo las que se aceptará una petición de asilo, que incluye a las personas que “han utilizado nuestras vías legales”, anunció esta semana el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas.
De esta manera, quienes crucen ilegalmente la frontera quedarán imposibilitadas de volver a ingresar en Estados Unidos por al menos cinco años si se ordena su expulsión.
Asimismo, los infractores podrían ser procesados penalmente en cada intento posterior que realicen de llegar al país norteamericano de manera ilícita.
Pese a la rigurosidad de las leyes migratorias estadounidense, Estados Unidos continuará aceptando hasta 30. 000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como parte del proceso de parole humanitario ampliado, que para los venezolanos se anunció en octubre de 2022 y luego se expandió a otras nacionalidades.
Redacción Maduradas con información de EFE, VOA y Runrunes
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