El régimen y la oposición de Venezuela comenzarán este viernes 24 de septiembre una tercera fase de diálogo en México, tras haber firmado en el ciclo previo los primeros acuerdos parciales para la protección del Esequibo, una zona en disputa con Guyana y “la protección social del pueblo”.
EFE/Mario Guzmán
El lapso entre el segundo y el tercer ciclo, que se extenderá hasta el próximo lunes, ha tenido como gran sorpresa el nombramiento por parte del régimen del empresario colombiano Alex Saab como miembro de su delegación, pese a estar preso en Cabo Verde, a la espera de si es extraditado a Estados Unidos.
El anuncio lo hizo el jefe de la delegación del régimen de Venezuela y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado 14 de septiembre, quien se refirió a Saab, preso en el país africano desde junio de 2020, como “diplomático venezolano”.
Saab fue nombrado por Nicolás Maduro “enviado especial” y “representante permanente adjunto” de Venezuela ante la Unión Africana, así como embajador “plenipotenciario”, cuando ya llevaba seis meses preso, por lo que no aplica la inmunidad diplomática que, según el antichavismo, buscaba el régimen.
En opinión de Rodríguez, el empresario colombiano, señalado de ser testaferro de Maduro, se encuentra “secuestrado en una cárcel en el extranjero” y se ha violado “toda la normativa internacional”, así como “todos los derechos humanos y los derechos al debido proceso”.
La oposición replicó al anuncio asegurando que continuará el diálogo pese a la decisión de “incorporar” a Saab, al considerar que la petición solo responde a una “estrategia de defensa” ante el proceso judicial.
“El anuncio de la solicitud de incorporación realizada, corresponde a una estrategia de defensa del régimen ante el proceso judicial entre dos países con separación de poderes y democracia, cuyos órganos jurisdiccionales siguen un proceso de extradición”, afirmó entonces el equipo de prensa de Juan Guaidó en un comunicado.
Días después, el régimen de Venezuela también acusó a la oposición y a sus “patrocinadores extranjeros” de “sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos” en el memorando firmado por las partes el pasado 13 de agosto para iniciar el diálogo.
“El Gobierno de Venezuela rechaza de manera categórica el intento de los factores de oposición presentes en la mesa de diálogo y negociación y de sus patrocinadores extranjeros de sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento”, explicó Rodríguez en un comunicado.
En el ámbito internacional, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, confió en que la próxima ronda de las “complejas” negociaciones venezolanas en México continúen “de buena fe” tras los recientes logros alcanzados.
En un sentido opuesto se expresó el presidente colombiano, Iván Duque, quien subrayó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que los diálogos son esperanzadores pero no hay que ser ingenuos con los resultados que puedan arrojar.
“Los diálogos entre el Gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan alguna esperanza, no nos permiten ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional”, manifestó.
Activos de Venezuela en el exterior
El opositor venezolano Julio Borges reiteró su propuesta de que los activos del país caribeño que se encuentran en el exterior sean transferidos a un fideicomiso para “sacar la política” de su manejo.
“Se trata de sacar la política del manejo de estos activos y lograr para el futuro no solamente proteger, sino devolver a todos los venezolanos los bienes que son suyos”, dijo Borges en un video difundido en sus redes sociales.
Borges ya hizo esta propuesta antes, luego de que el Gobierno colombiano decidiera someter a la compañía estatal venezolana Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a la “máxima vigilancia”.
“A la luz de lo ocurrido con Monómeros, es necesario reiterar nuestra propuesta de que los activos en el exterior sean transferidos a un fideicomiso, el cual podría estar administrado por el Banco Mundial o el BID para beneficio de la República”, expresó entonces.
La empresa fue creada en 1967 como propiedad de los dos países hasta que en 2006 Colombia vendió su participación a sus socios venezolanos.
En el 2019, en medio de la crisis social y económica de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino venezolano por Colombia, tomó el control de la compañía y designó nuevos integrantes en la junta directiva.
En este sentido, Borges aseguró que los activos en el exterior “nunca han debido ser manejados por la oposición”.
“Los activos hay que protegerlos de (Nicolás) Maduro, de los acreedores y de la corrupción. Por eso, nosotros pensamos que, en este momento que la situación es mucho más crítica, hay que tomar medidas radicales”, subrayó sin hacer mención directa a qué casos de corrupción se refiere.
Al respecto, aseguró que un fideicomiso “es como una caja donde tú metes las empresas, las cuentas que hay en el exterior, los bienes de las embajadas y lo que existe que es de los venezolanos”.
“Esa caja va a ser manejada por un ente multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se nombra una junta de protectores que son quienes designan a los gerentes, los que vigilan el desempeño de esas empresas”, explicó Borges.
Finalmente, expuso que esta “decisión es urgente” y debe ser tomada de inmediato.
EFE
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