En junio de 2019, la empresa mexicana Libre Abordo firmó dos acuerdos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior para el intercambio de petróleo venezolano por maíz y camiones cisterna para agua potable procedentes de México. Según documentos a los tuvo acceso El País y Armando.info, fue una operación valorada en casi 200 millones de euros.
Voz de América
El 13 de junio de mencionado año, ambas partes firmaron un acuerdo por el que Libre Abordo se comprometía a enviar 1.000 camiones cisterna por valor de 139.323.656 euros, casi 140.000 euros por cada uno.
Cuatro días después, el 17 de junio, Libre Abordo y Corpovex firmaban otro acuerdo por el que la compañía mexicana se comprometía a enviar 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900, esto es, 280,9 euros cada tonelada.
Ambos convenios estaban firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, director ejecutivo de Corpovex. Las operaciones se realizaron en euros y no en dólares para evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
El Departamento del Tesoro aseguró, en un comunicado el pasado mes de junio, que se despacharon más de 30 millones de barriles de crudo bajo un esquema denominado como “petróleo por comida”.
Sin embargo, Estados Unidos dice que el envío de los 1.000 camiones cisterna y las 200.000 toneladas de maíz, no corresponde con la cantidad de petróleo entregado por Pdvsa.
«El crudo fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.
Los acuerdos establecieron que el 70% del pago se realizará de forma anticipada, quizás en alusión a ese petróleo recibido previamente, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago.
El 30% del pago restante, según los contratos, será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.
Papel de Alex Saab
Washington sostiene que los intermediarios mexicanos no solo fueron piezas clave para evadir las sanciones, sino que también los señala como cómplices de una red de corrupción liderada por el colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde.
El Gobierno de Estados Unidos cree que Saab es el organizador de esquemas corruptos de los que se benefició tanto él como Nicolás Maduro. Aunque, no ha detallado cómo se fraguó la relación entre Saab y los ciudadanos mexicanos, algo que las autoridades mexicanas están investigando.
Estados Unidos asegura que Joaquín Leal, de 28 años de edad, sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en junio pasado, negoció con Saab la venta del petróleo y se aliaron con la empresa mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, compañías ligadas a Verónica Esparza, de 47 años y su hija Olga María Zepeda Esparza, de 24 -también sancionadas- para cerrar el trato.
¿Qué dice el régimen?
Fuentes del régimen rechazaron que se trate de un negocio oscuro y aseguran que la falta de claridad de los contratos es consecuencia de los problemas que tiene Venezuela para hacer cualquier negocio ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La elección de Libre Abordo, según un alto funcionario, se debe a la situación de bloqueo de Estados Unidos. “No se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan”, afirmó.
Preguntado por la falta de información sobre el pago, señaló que hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos. “Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes”, dijo.
Redacción Maduradas con información de El País
Lea también: