El mismo día en que Argentina oficializó su salida del Grupo de Lima, por considerar que sus acciones «no han conducido a nada», la embajada de ese país en los Países Bajos envió una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para pedir el retiro de todas las gestiones emprendidas contra el régimen de Nicolás Maduro, quien es acusado por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en la misiva, la administración del presidente de Argentina, Alberto Fernández, recalca que ese retiro es «sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial».
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, se afirma en la carta enviada a la fiscal de la CPI.
La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina – en ese entonces gobernada por Mauricio Macri – en 2018, para que se investigara al régimen por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Redacción Maduradas con información de RT
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