Las órdenes del presidente Nicolás Maduro de modificar la jornada en la Administración Pública para ahorrar electricidad representan una reducción importante en el tiempo de operación y atención al público.
Del 25 de febrero al pasado 15 de abril los empleados públicos debían trabajar un total de 34 días, pero, debido a los cortes eléctricos y días decretados como no laborables por el propio ejecutivo, la administración pública laboró solo 10 días, y a medias.
Créditos: Reuters / Marco Bello.
Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, sostuvo: “Si seguimos así, el sector público venezolano registrará un récord como el que menos horas ha trabajado. Este tipo de decisiones le hacen un gran daño al país”. Destacó que los principales perjudicados son los usuarios de los servicios que prestan los organismos públicos.
Y es que los plazos para entregar autorizaciones y permisos en dependencias del Estado como las inspectorías del trabajo, tribunales, Consejo Nacional Electoral y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras, se dan en días hábiles de lunes a viernes, y no se excluyen los no laborables y feriados regulares, además de otros que decrete el gobierno.
Barrios explicó que con el esquema regular, el usuario sabe exactamente cuándo recoger el documento como pasaportes, planillas y permisos del CNE, sentencias de tribunales y solvencias laborales, entre otros. “Con las decisiones gubernamentales basadas en la crisis eléctrica el plazo de entrega se alarga de 8 a 20 días hábiles a 30 y hasta 45 días”, refirió.
REDUCCIÓN TRAS REDUCCIÓN
El 25 de febrero de 2016 el Ejecutivo redujo la jornada laboral de 8 a 4 horas diarias de lunes a viernes en la Administración Pública central y descentralizada con el objetivo de bajar 30% el consumo de electricidad, meta que todavía no ha logrado. Por ello, a partir del 8 de abril declaró no laborables todos los viernes hasta junio próximo cuando se espera llegarán las lluvias para recuperar el nivel operativo del embalse de la central hidroeléctrica del Guri. Sin embargo, las medidas han ido más allá con la orden gubernamental de declarar no laborables el lunes, el martes y el miércoles de la Semana Santa.
TAMBIÉN LES TOCA IR A MARCHAS
Servando Carbone, de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, indicó que las horas efectivas no trabajadas en la Administración Pública se incrementan más con las marchas proselitistas a las que los empleados son obligados a asistir bajo la amenaza de despido o de desmejoras en sus condiciones de trabajo.
Dichas movilizaciones ocurrieron la semana pasada contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otras dos por los actos de los sucesos del 11 al 13 de abril de 2002 y la del jueves 14 contra la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, aprobada por la Asamblea Nacional.
A juicio de Carbone, el gobierno también pretende, con la reducción de la jornada, recuperar popularidad en el sector público, donde los trabajadores perciben bajos salarios, pues los incrementos del contrato colectivo marco los devoró la inflación.
Usuarios consultados manifestaron su disgusto por la reducción de la jornada y el viernes libre en los sitios de despacho de los organismos. “El jueves fui a la Inspectoría del Trabajo Las Mercedes en Caracas, había un cartel en el que notificaban que no trabajaban, pero cuando vas de lunes a jueves ya a las 11:30 am están cerrando”, dijo un abogado laboral que pidió el anonimato.
“Hago muchas menos carreras desde que los empleados públicos trabajan menos”, comentaban dos mototaxistas en la estación del Metro de Parque Carabobo.
Por Ana Díaz / El Nacional.