Luis Meléndez, migrante venezolano en Chile y hermano de una de las personas expulsadas este miércoles denunció a Efecto Cocuyo no se les informó del proceso de expulsión que se estaba llevando adelante ni se les permitió apelar la medida como establece la ley.
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Reuters
Meléndez señaló que en el refugio donde permaneció el grupo de migrantes nunca se habló de una medida de retorno inminente.
«Les dijeron que ellos llegarían al refugio y allí iban a hacer una documentación. Que iban a darle carnet movilidad, ellos podrían salir y luego apelar (la medida)«, dijo el venezolano, pero esto no ocurrió.
A los migrantes en situación irregular también se les prometió un pasaporte sanitario, un documento que se entrega a los extranjeros y a las personas que ingresan a zonas con aduana sanitaria.
Los viajeros debían dar una carta de invitación que especificara quién los recibiría en el país y quién se encargaría de sus gastos durante la estancia. Las autoridades chilenas no facilitaron una dirección para enviar la carta. Tampoco había manera de imprimir el documento dentro del colegio, por lo que debían esperar a salir del refugio. El documento les permitiría salir de Iquique y entrar a la región de destino.
Detalló que en un salón dormían entre 15 y 20 personas, contaban con un baño y tres comidas diarias. Las autoridades les dijeron que debían permanecer en el lugar para esperar los resultados de la prueba PCR. Si el examen salía negativo para COVID-19, debían entregar sus documentos para hacer un carnet de movilidad. De lo contrario, si la prueba salía positiva, debían quedarse allí 15 días más.
Sin embargo, en horas de la madrugada del miércoles, los migrantes se enteraron que estos procesos no se cumplirían.
Efecto Cocuyo reseñó que a la 1:00 de la madrugada, el grupo se despertó con la llegada de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Pidieron los documentos del grupo de venezolanos y colombianos y les presentaron el acta de expulsión para que la firmaran.
“Llegaron al refugio, lo despertaron, le quitaron sus documentos y le hicieron firmar el acta de expulsión, que no se la explicaron, sino que había casillas donde tenían que poner sí o no y los mismos funcionaron les dijeron que pusieran no. En esas casillas tenías que especificar si ellos iban a apelar esa acta (de expulsión). Al ellos poner que no, ya estaban de acuerdo con la expulsión”, detalló Meléndez.
Meléndez comentó que, según informó un abogado público en Chile que se dispuso a ayudar al grupo, aún estando de acuerdo con la expulsión en papel, los migrantes tienen un tiempo estimado para apelar la causa.
“Todo lo hicieron de madrugada cuando no hubiera nadie despierto ni trabajando y para que un juez no pudiera leer la carta de amparo que redactó el abogado de esos 138 venezolanos, incluyendo mi hermano”, agregó.
Con información de Efecto Cocuyo
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