Una jueza federal de Nueva York fustigó a varios fiscales por posiblemente haber ocultado evidencia en perjuicio de un empresario iraní condenado por servir como principal nexo en las crecientes relaciones entre la República Islámica y Venezuela, ambas naciones adversarias de Estados Unidos.
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En un giro inusual, los fiscales desestimaron la semana los cargos contra Ali Sadr Hashemi Nejad, quien en marzo fue declarado culpable de usar una red de empresas fachada para canalizar a través de bancos estadounidenses más de 115 millones de dólares en pagos relacionados con una obra en construcción en Venezuela a su negocio familiar en Irán, en violación de las sanciones estadounidenses.
Sadr se encontraba en libertad a la espera de la sentencia que le dictarían en agosto, en la que enfrentaba un máximo de 125 años de prisión por cargos que incluían lavado de dinero, fraude bancario y asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos.
En marzo, el fiscal federal Geoffrey Berman elogió a los agentes policiales que llevaron a juicio a Sadr, y afirmó en un comunicado que la condena “demuestra que las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán son reales y que los infractores serán expuestos y juzgados”.
Pero en un documento la semana pasada, reveló que antes, durante y después del juicio surgieron “problemas de divulgación” que habrían alterado la defensa de Sadr. Como resultado, dijo, el gobierno “ha determinado que no favorecería a la justicia continuar con este caso”.
En respuesta a la petición, la jueza Alison Nathan reprendió a Berman por el súbito cambio de decisión. En un memorando de nueve puntos, la jueza ordenó a los fiscales identificar todas las pruebas posiblemente retenidas, a los abogados participantes en la investigación y si se cometió algún delito.
Añadió que los recientes acontecimientos “generaban serias preocupaciones sobre la conducta del gobierno”.
En un juicio, los fiscales tienen la obligación de entregar todas las pruebas que puedan ayudar al acusado a demostrar su inocencia, y podrían enfrentan sanciones disciplinarias si no lo hacen.
“Nos complace que el gobierno ha decidido desestimar el caso, pero nos sentimos desalentados por las graves violaciones de divulgación que condujeron a este pedido extraordinario”, dijo el abogado de Sadr, Brian Heberling, en un correo electrónico a The Associated Press.
“Ali Sadr habría sido exonerado por el jurado en igualdad de condiciones y merece la anulación del veredicto”, afirmó Heberlig.
Otro abogado de Sadr, Reid Weingarten, se había quejado en un documento presentado ante la corte que su cliente había sufrido “considerable daño a su reputación” debido a “un juicio injusto empañado por las múltiples violaciones constitucionales del gobierno”.
La condena contra Sadr había sido una de las más prominentes a la fecha que mostraba la creciente influencia de Irán en Venezuela. En 2006, el Grupo Stratus, un conglomerado de la familia de Sadr con sede en Teherán, creó una subsidiaria contratada por la empresa petrolera estatal de Venezuela para construir 7.000 unidades de vivienda por 475 millones de dólares.
Para ocultar las ganancias, Sadr y un cómplice adquirieron pasaportes de San Cristóbal y Nieves, y utilizaron compañías fachada en Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Suiza, según la acusación formal.
Desde entonces, la asociación estratégica entre Irán y Venezuela ha crecido: Irán envió el mes pasado a Venezuela cinco buques cisterna para ayudarle a resolver la escasez de combustible.
Redacción Maduradas con información de AP
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