El director vicepresidente del ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, consideró este martes 24 de septiembre que la condena por «homicidio preterintencional concausal» a dos funcionarios de mejor jerarquía de la Dirección General de Contraintreligencia Militar (DGCIM) por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, es «un monumento a la impunidad».
Reuters
«El primer lugar, el ‘Homicidio Preterintencional Concausal’ es un delito común. La condena por este delito desconoce que los funcionarios actuaban en representación del Estado, y en consecuencia solo supone para ellos responsabilidades individuales», explicó el abogado a través de su cuenta en Twitter,
Asimismo, apuntó que utilizar esta calificación jurídica desconoce las normas sobre tortura vigentes, tanto nacionales como internacionales.
«Deja ‘por fuera’ cualquier consideración sobre si se ha cometido un grave crimen contra los Derechos Humanos», alertó.
Además, recalcó que se incurre en una contradicción al decir que el homicidio fue «preterintencional». «Este tipo de homicidio supone que quien lo comete tiene la ‘intención de lesionar’ y no de matar».
«Por un lado se está aceptando que sí lo lesionaron mientras estaba en custodia, lo que implica necesariamente tortura, pero que el resultado fue más allá’ de su ‘intención de lesionar’. Esto es una contradicción, si lo lesionaron en custodia, la única conclusión posible es que fue torturado», sentenció.
#24Sep La condena por "Homicidio Preterintencional Concausal" a dos funcionarios de mejor jerarquía de la DGCIM por el asesinato del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo, es un monumento a la impunidad de violaciones graves a los #DDHH. Abro hilo.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 25, 2019
El primer lugar, el "Homicidio Preterintencional Concausal" es un delito común. La condena por este delito desconoce que los funcionarios actuaban en representación del Estado, y en consecuencia solo supone para ellos responsabilidades individuales.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 25, 2019
En segundo lugar, utilizar esta calificación jurídica, desconoce las normas sobre tortura vigentes, tanto nacionales como internacionales. Deja "por fuera" cualquier consideración sobre si se ha cometido un grave crimen contra los #DDHH
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 25, 2019
Redacción Maduradas
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