Un tribunal indígena sancionó a 12 indígenas pemones acusados de participar en la Operación Aurora el 22 de diciembre de 2019. El pasado 10 de febrero se dio el primer juicio indígena en el sector VI Akurimö, de la comunidad de Kumarakay del municipio Gran Sabana, en Bolívar.
Correo del Orinoco
Olnar Ortiz, coordinador de los pueblos indígena del Foro Penal señaló que los pemones fueron escuchados y sancionados de acuerdo con los usos y costumbres de su pueblo, reseñó Correo del Orinoco.
Se trató de un hecho inédito porque el tribunal del Consejo de Ancianos Akurimö tomó la decisión conforme a lo establecido las normas constitucionales, nacionales e internaciones, y de acuerdo con lo acordado el 11 de febrero del año pasado, cuando se les otorgaron medidas cautelares.
Originalmente eran 13 pemones los acusados, pero Salvador Franco falleció el 3 de enero de 2021 en la enfermería del Internado Judicial El Rodeo por tuberculosis y desnutrición. En ese momento, se denunció que al preso político no lo trasladaron a un hospital oportunamente para atender su salud.
Las sanciones del tribunal indígena, señaló el Correo del Caroní, consisten en el rapado del cabello como una forma de exponerlos ante la comunidad y el pueblo pemón.
También incluyen trabajo comunitario: salir a cazar, pesar o trabajar en tierras sin ningún tipo de remuneración.
Las autoridades, asimismo, los entregan a sus padres como una forma de que también tengan responsabilidad, para que cumplan y sea una sanción para ellos.
La Guardia Territorial Pemón se encargará de que los pemones cumplan con las sanciones durante un periodo de seis meses.
“Estas sanciones se tomaron en cuenta por el hecho de que a ellos los detuvieron de manera arbitraria, estuvieron un año presos cometiéndose distintos tipos de vejaciones. Falleció Salvador Franco, y ellos también estuvieron a punto de perder la vida por tuberculosis, no se les dejaba ver a los familiares ni entregarles medicinas. Todo eso lo evaluaron bajo este contexto. Las sanciones no fueron mucho mayor porque decían que estas situaciones a las que los sometieron durante su privativa de libertad en El Rodeo II fueron bastante duras y penosas para sus familiares”, explicó Ortiz.
El tribunal de la causa ahora debe homologar la decisión tomada por la jurisdicción especial indígena y darla por concluida. Se debe iniciar asimismo una investigación por la muerte de Salvador Franco.
Con información de Correo del Caroní
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