La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio anunció hoy la remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) de una denuncia por violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades de su país.
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Rodeado de varios de los magistrados del TSJ «legítimo», incluido su presidente, Miguel Ángel Martín, el presidente de la Sala de Casación Penal, Pedro Troconis, leyó en una conferencia de prensa en Miami la decisión de ese órgano sobre la denuncia interpuesta por el exministro chavista Hebert García Plaza.
En septiembre se realizaron varias audiencias en la OEA en las que se denunciaron violaciones por parte del Gobierno venezolano, entre esas destaca la comparecencia del exgeneral mayor Hebert García Plaza, quien explicó que el «Plan Zamora» adoptado en abril «establece que civiles que no coinciden con la ideología (del Gobierno) son enemigos».
García Plaza fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo y titular de Alimentación, ambos cargos en el Gobierno de Nicolás Maduro y en 2015 la Fiscalía dictó una orden de aprehensión en su contra, pero el exministro había huido ya del país.
Además de remitir la denuncia a la CPI para que sus fiscales la investiguen, la sala de casación pide al Consejo de Seguridad de la ONU que haga seguimiento de esa investigación y tenga en consideración la posibilidad de pedir a Interpol que emita alertas para las personas mencionadas en la denuncia, encabezadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En la denuncia se menciona a la «mayoría del generalato» de Venezuela y al vicepresidente Tareck El Aissami y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por la «violación sistemática de los derechos humanos».
Los hechos denunciados, según Troconis, entran en la categoría de los que la CPI considera delitos de lesa humanidad.
Troconis empezó diciendo que la sala que preside no tiene atribuciones para encargarse de la denuncia pues eso le corresponde a los fiscales del Estado venezolano, pero dado que el poder judicial está «subordinado» al poder ejecutivo en Venezuela y que además «no se le puede negar justicia a quien la pide», decidió actuar en este caso.
Su decisión de remitir la denuncia a la CPI obedece a que Venezuela es firmante del Estatuto de Roma y reconoce el «principio de complementariedad» de las normas de ese organismo internacional respecto a su legislación.
En unas declaraciones a Efe después de la conferencia de prensa, Troconis manifestó que la CPI puede acabar con la impunidad de Maduro y su régimen.
Desde octubre pasado, los jueces del TSJ elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, de mayoría opositora) en julio pasado celebran sesiones en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según dijo a Efe Antonio Marval, vicepresidente del TSJ en el exilio, los jueces del alto tribunal que fueron nombrados por el régimen de Maduro «ilegalmente» cuando tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015 el chavismo perdió el control del Parlamento no están dotados de «investidura».
Esos jueces fueron destituidos por la Asamblea Nacional derivada de esas elecciones, la cual nombró a los que actualmente están ejerciendo como tales desde el exilio, pero la Asamblea Nacional Constituyente los ratificó después en sus puestos.
Sin embargo, dijo Malvar, esa ratificación es ilegítima, como lo es la propia Asamblea Nacional Constituyente, pues fue constituida sin que el pueblo la convocara como manda la Constitución venezolana.
Información de EFE