El diputado de Asamblea Nacional (AN) Richard Arteaga manifestó este domingo 1 de diciembre que acepta que lo investiguen, luego que resultara salpicado en una supuesta trama de corrupción que involucra a varios parlamentarios con empresarios ligados al régimen de Nicolás Maduro.
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«Todos los diputados que pertenecemos a la Comisión debemos suspender nuestras funciones a fin de que las investigaciones necesarias se lleven a cabo (…) Mi trabajo en estos últimos 9 años está a la vista de todos. Hemos sido implacables al denunciar a los saqueadores que han sumido en la miseria al país y no vamos a desmayar. Respaldo la investigación y las decisiones que tome nuestro presidente y principal líder del país Juan Guaidó», dijo.
«El trabajo contra quienes se han robado todo en el país no puede verse empañado, por intereses personales y mafiosos», agregó el legislador del estado Anzoátegui, quien fue separado de su cargo por su partido Voluntad Popular, por aparecer firmando la misiva entregada a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, a fin de eximir de delitos a Carlos Lizcano y su empresa Salva Foods (controla las tiendas CLAP).
El portal Armando.Info, especializado en periodismo de investigación, hizo público un extenso reportaje en el que se revela la presunta complicidad de algunas fracciones parlamentarias de oposición en entramado de corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
De acuerdo con la investigación, diputados de varios partidos de oposición de la Asamblea Nacional, como Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Cambiemos, se habrían prestado, desde hace varios meses, para favorecer y hacer “gestiones informales” a empresarios como Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods (compañía que maneja las tiendas CLAP), quien de acuerdo con Armando.Info trabajaría para los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes además son unos de los principales contratistas del régimen de Nicolás Maduro.
Según detalla el reportaje, los parlamentarios opositores emitieron cartas de buena conducta ante organismos internacionales como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de que estas instituciones absuelvan o dejen de investigar a estos empresarios que estarían involucrados en terribles casos de corrupción en torno a las importaciones para los combos CLAP
Redacción Maduradas con información de Noticiero Digital
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