«En Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos», afirmó este jueves 2 de julio la alta comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, quien manifestó su preocupación por el “patrón” de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en el país, como consecuencia de una política sistemática del régimen de Nicolás Maduro.
EFE/Martial Trezzini
Durante la presentación de su informe de actualización sobre la situación del país, se lee que la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones y por pandemia del coronavirus (COVID-19).
Además, en el mismo documento, se advierte que los venezolanos continúan sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, colapso de los servicios públicos y precario acceso al sistema de salud”.
El documento fue realizado en base en los datos recopilados por la Oficina en entrevistas con múltiples fuentes y reuniones con un amplio abanico de funcionarios estatales y otros interesados. Bachelet anunció que el próximo 15 de julio presentará un nuevo informe sobre la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
De momento, volvió a señalar a los organismos de seguridad del Estado controlados por Maduro. Entre los que destaca: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El reporte presentado contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de “operaciones de seguridad”. Según el detalle, las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cicpc de 366 y la GNB de 136.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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